Pulso entre grupos empresariales provoca observación Ley Residuos

La lucha de intereses entre grupos empresariales y el negocio e la basura han provocado la observación de la Ley sober Gestión de Residuos Sólidos, aprobada hace más de tres meses por el Congreso Nacional.
El argumento para la decisión del Poder Ejecutivo es es el de crear un equilibrio que garantice la libre empresa y, al mismo tiempo, priorice la protección del medio ambiente y los recursos naturales.
Entre las modificaciones se establece un plazo de 12 meses para el retiro de los plásticos de un solo uso y del foam, conforme a lo dispuesto en la ley.
Sin embargo, se exceptúan los platos con tapas integradas, conocidos popularmente como “laptop”, y las bandejas, debido a que no existen sustitutos económicamente competitivos. Para estos productos, el plazo se extiende a 24 meses.
También se prohíbe la importación de calimetes, tenedores, cuchillos, cucharas, tapas plásticas y cualquier otro artículo no biodegradable, 60 días después de la promulgación de la ley.
En una comunicación dirigida al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, el presidente Luis Abinader explicó que las observaciones se sustentan en la protección del medio ambiente, la defensa de la libre competencia, el rechazo a prácticas monopólicas y el impulso a la industria sostenible.
La misiva, fechada el 3 de noviembre, se refiere a las modificaciones realizadas por el Congreso Nacional a la Ley núm. 225-20 sobre Gestión de Residuos Sólidos.
Entre las observaciones planteadas por el Presidente figura la reformulación de los criterios para la ubicación de las estaciones de transferencia, los rellenos sanitarios y las plantas de valorización, de modo que no se limiten a criterios regionales, sino que se establezcan conforme a distancias y condiciones específicas.
También se modifican algunas definiciones y conceptos esenciales para la aplicación de la ley, así como disposiciones relacionadas con la autonomía municipal, al considerar el Poder Ejecutivo que se afectaban competencias constitucionales de los ayuntamientos en materia de uso de suelo.
Otro punto relevante se refiere al plazo mínimo de los contratos entre el Fideicomiso DO Sostenible y los gestores autorizados, que se reduce para ajustarse a las normas nacionales e internacionales de competencia económica.
El Presidente mantiene la tarifa base del pago a los gestores privados, evitando aumentos excesivos, pero faculta al fideicomiso a establecer cada año la tarifa mediante una fórmula que contemple los costos operativos, márgenes de beneficio, inflación, devaluación y gastos de transporte.

