RD: Un país insólito
Escuchando al economista Jaime Aristy Escuder informar que el Banco Central entregó a la banca comercial 60 mil millones de pesos, -equivalente a mil 90 millones de dólares que para un país pobre como RD no es paja de coco- con el objetivo de que los bancos se lo prestaran a las pequeñas y medianas empresas, a una tasa de interés del 9 por ciento, con el propósito de dinamizar la producción e impulsar la alicaída economía, la cual solo creció un 1.2 por ciento, de enero a abril de este año, llego a la conclusión de que en nuestro país cualquier cosa puede suceder, y si la población no se «espabila» tampoco lo hacen las autoridades, y más cuando temen que el hecho las salpique, como es el caso que estamos tratando.
Según el economista, ni la banca, ni el Banco Central, ni ninguna autoridad económica del gobierno han informado que se hizo con el dinero, ya que cuando las PYMES acudieron a formalizar los préstamos, lo que recibieron fue la callada por respuesta, pues los bancos no han recibido ese dinero, tampoco a 15 días del gobierno haberlo anunciado con bombos y platillos.
Una fuente de uno de los principales bancos comerciales del país, reveló que esa institución recibió a penas 200 millones de pesos, para ser prestados dentro del llamado Programa de Facilidad de Liquidez Rápida, contó que, para un banco de su magnitud, representa una suma irrisoria.
Pero más extraño resulta que el Banco Central, cuyo gobernador Héctor Valdez Albizu, que ha dado muestras de acierto y buen tino por más de 20 años, traspasando diferentes gobiernos, en vez de dar explicaciones al país, porque reitero, no se trata de un jueguito de niños, lo que hace es reunir la Junta Monetaria para aprobar otros 25 mil millones de pesos para mantener el programa y quizás lograr el objetivo que no pudieron los 60 mil millones.
«No dices que hiciste con 60 mil millones y te envío otros 25 mil para que los prestes». Con razón, asegura el pueblo, que aquí se le perdió el respeto al dinero.
Aunque la opinión pública lo ha manejado como un incidente sin mayores dimensiones, propio de un país bananero, a la memoria del pueblo llano llegan los amargos recuerdos de la crisis del 2003, cuando el gobierno de Hipólito Mejía, por deficiencias en la supervisión bancaria, permitió que se abriera un hoyo financiero de 55 mil millones de pesos del BANINTER, que llevó a la bancarrota del sistema financiero de la nación y al descalabro económico más espantoso sufrido por el país en muchos años.
Solo la pobreza extrema se contabilizó en un millón 500 mil nuevos pobres dominicanos. El impacto de ese acontecimiento de orden judicial socavó la popularidad del gobierno, hasta el punto que zozobró la reelección y Mejía sufrió una estrepitosa derrota en los comicios celebrados en mayo del 2004.
Los políticos conocen a fondo que los traspiés en materia económica conducen al descalabro y fracaso político de cualquier gobierno.
Y justamente coincide el caso de los misteriosos 60 mil millones que «desaparecen», ocurre en medio de una campaña electoral frenética y a destiempo, que a pesar de que no verbaliza con palabras, mantiene el presidente Luis Abinader muy ocupado en atareos reeleccionistas las 24 horas del día, lo que lleva a la gente a pensar en las redes sociales, en los autobuses, trenes y colmados que la colosal suma del programa tomó el curso incierto de las cañerías políticas.
Si así no fuere, que lo aclaren quienes se comprometieron a gobernar con transparencia, de cara al país y el pecho al aire, ya que como dice la Biblia sobre la que juraron las autoridades, «nada queda oculto debajo del sol».
El economista que hizo la denuncia demanda que la banca, si manejó el dinero, publique de manera íntegra los nombres de las personas o instituciones que lo recibieron, en cuáles condiciones y las tasas a las que lo recibieron, aunque lo duda porque en el dinámico mundo de las PYMES no se ha sentido el impacto de los 60 mil millones de pesos.
El PLD y otros partidos, de manera muy tímida han demandado transparencia y acusan a la Superintendencia de Bancos el permitir que se violara el reglamento del Programa de Facilidad Ampliada de Liquidez, ya que solo en mil 194 préstamos concedidos se consumieron 30 mil millones de pesos, lo que representa un monto de 25 millones de pesos por cada uno.