Residencias lujosas, yates y vehículos incautados ejecutivos Coop-Herrera
Los siete ejecutivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coopherrera), a quienes se les atribuye un fraude de RD$2,500 millones que “perjudicó a miles de personas”, están detenidos en el Centro Correccioonal del Batey Bienvenido, en Manoguayabo, Santo Domingo Oeste.
La directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, junto a un equipo, interroga a siete ejecutivos de la Cooperativa.
El proceso penal de los imputados, Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Kenia del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra y Julio César Minaya, se llevará a cabo en dicho municipio.
Según el Ministerio Público, los acusados alegadamente llevaban a cabo diversas prácticas fraudulentas, como la simulación de préstamos y la emisión de certificados financieros falsos, con el fin de desviar el dinero de los asociados y los ahorradores.
Los imputados fueron arrestados ayer por la mañana en operativos que involucraron a “más de 20 fiscales, alrededor de 100 policías y una docena de agentes de equipos especiales”, según informó el Ministerio Público.
Varias víctimas, incluido el popular merenguero Rafa Rosario, presentaron denuncias contra la cooperativa, alegando haber sido estafadas con grandes sumas de dinero.
El Ministerio Público informó la noche de este miércoles que puso en marcha la Operación Búho, producto de una investigación de varios meses y por la cual apresó a siete directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coopherrera) a los que atribuyen haber cometido un fraude por RD$2,500 millones, “que perjudicó a miles de personas”
La Procuraduría General informó que la Operación Búho es el resultado de un trabajo conjunto de investigación realizado durante meses por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Unidad de Investigación Financiera y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste.
Durante la operación, el Ministerio Público ocupó inmuebles, embarcaciones, vehículos y otras propiedades lujosas, en virtud de una orden judicial autorizada por un tribunal, de acuerdo a una nota de prensa del órgano persecutor.