Roberto Santana le responde a la Procuradora Miriam Germán

El doctor Roberto Santana,  asesor honorífico del Poder Ejecutivo en materia penitenciaria reiteró que no es justo que  nueve mil personas estén viviendo un infierno, en alusión a los presos de La Victoria, para esperar por los largos plazos de la burocracia y las auditorías a la nueva cárcel donde deberían ser trasladados.

Fue la respuesta del ex rector universitario, a las declaraciones ofrecidas por la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, dejando en claro que no habrá traslado a la Nueva Victoria hasta que la Cámara de Cuentas no termine una auditoría que lleva meses.

Santana también retó a que lo desmientan  o que lo sometan a la justicia si no es cierta su denuncia de que el encargado de seguridad de La Victoria recibe siete millones de pesos semanales.

Señaló al Gobierno y a personal técnico de la Procuraduría como responsables de que la cárcel de Las Parras no esté funcionando, pese a que hay edificaciones totalmente listas.

Santana entiende que el problema de las condiciones lacerantes a la dignidad y a los derechos humanos en las que viven las personas privadas de libertad en La Victoria y de las prácticas de corrupción que ahí se han llevado a cabo por décadas, es un problema de política pública al que hay que enfrentar con urgencia.

“En ese sentido, cuando comuniqué hace ya un tiempo las condiciones del nuevo centro Las Parras, indiqué la necesidad de una investigación que determinara responsabilidades y que era absolutamente necesario que se subsanaran los vicios o posibles errores constructivos que pueden ser resueltos previo a que las personas privadas de libertad fuesen trasladadas a ese centro, para garantizar su seguridad. Hoy, reitero lo mismo”, indica Santana en un comunicado.

Entiende que no es correcto hacer esperar por tan largo tiempo a miles de personas en esa situación inhumana, cuando desde hace muchos meses hay edificios que ya tienen las correcciones hechas y recibidas a satisfacción de manera oficial, con capacidad para albergar a más de 700 internos.

“Es evidente que ese número de plazas no es suficiente para resolver el problema de más de 9,000 personas hacinadas, pero sí para salvar a 700 y poner en marcha la solución definitiva”, indicó.

Dijo que los gobiernos con frecuencia se enfrascan en labores de las dependencias más grandes como educación, salud, obras públicas, y relegan los problemas de menor magnitud institucional, pero de mayor impacto para las vidas de una minoría abusada. No es un mal propio de esta sola gestión de gobierno, sino de la mayoría, indicó.