Salen a la luz más escándalos del INABIE, ahora colusión procesos licitación

No se detienen los escándalos que salen a la luz pública sobre el manejo del dinero de Educación a través del Instituto nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), cuyo director Víctor fue destituido por el presidente Luis Abinader.
La Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) ha iniciado una investigación de oficio contra cuatro empresas proveedoras del Estado por haber incurrido en presunta colusión en procesos de licitaciones del almuerzo escolar.
La medida fue formalizada mediante la resolución RII-DE-AAC-003-2025, luego de que el Inabie emitiera una alerta que motivó un análisis preliminar por parte del órgano regulador de la competencia.
Las empresas investigadas son:
- Ysabel Gourmet, S.R.L.
- Guizo y Sabor, S.R.L.
- D´Angel´s Cooking By Sandez, S.R.L.
- Crisandez Gourmet, S.R.L.
Estas compañías participaron en tres procesos de compra realizados entre 2022 y 2023, para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), administrado por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).
Pro-Competencia, informó que la investigación preliminar de la Dirección Ejecutiva detectó un patrón de conducta sistemático y atípico a través de los tres procesos, que incluye:
- Vínculos societarios entre los oferentes
- El uso compartido de los mismos auditores y notarios,
- Obtención de documentos clave como pólizas de fianza
- Permisos sanitarios con numeración consecutiva y en las mismas fechas
«La conducta investigada se tipifica de manera preliminar en el artículo 5, literal «b» de la Ley 42-08, que prohíbe los acuerdos para coordinar ofertas», señala la institución.
Pro-Competencia aclaró que esta resolución marca el inicio de la fase de instrucción del procedimiento administrativo sancionador, en la que se profundizará en los hechos para determinar si efectivamente se incurrió en una infracción a la ley.
Durante esta etapa se garantizará el derecho a la defensa y la presunción de inocencia de las empresas investigadas, en cumplimiento de las garantías del debido proceso administrativo.

