Salen a relucir los «macos» del nuevo Código Penal para proteger funcionarios
Artículos de legislación amenazan libertad expresión

Los «macos y cacatas» del nuevo Código Penal Dominicano, que entraría en vigencia en agosto próximo, continúan aflorando, saliendo a relucir una serie de artículos altamente perjudiciales para la salud democrática del país, con serias amenazas para la libertad de expresión y garantías de impunidad para funcionarios del gobierno.
En medio de los análisis previos a su entrada en vigor, se han estado desentrañando disposiciones que se concatenan para limitar el ejercicio de los medios de comunicación, una especie de «ley mordaza» que en esta administración se ha tratado de introducir, comenzando con la ley que creó la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Este miércoles el senador independiente por la provincia de Santo Domingo y hasta hace poco aliado del oficialismo, Antonio Taveras, sometió un proyecto de modificación del Código Penal para eliminar artículos lesivos al ejercicio ciudadano, penalizados con prisión en casos de difamación.
El legislador propone que el artículo 208, sobre difamación, solo sancione la imputación pública de hechos falsos que afecten el honor o la reputación de una persona.
«Proponemos que la sanción penal se limite solamente a las imputaciones falsas realizadas de manera dolosa y se eliminen conceptos imprecisos», dijo.
En ese sentido, se eliminarían las penas de prisión para ese delito y serían sustituidas por multas de tres a ocho salarios mínimos del sector público, además de la reparación civil del daño causado.
En referencia al artículo 209, sobre la difamación extorsiva, Taveras propuso que debería ser derogado, debido a que en el artículo 332 se mantiene dicha figura.
«En lugar de eso, proponemos la figura de difamación agravada», indicó.
La propuesta de modificación incluye reducir la pena actualmente prevista de cinco a diez años de prisión y sustituirla por una sanción de quince días a un año de prisión menor, cuando la difamación sea utilizada para obtener beneficios indebidos o para obligar a una persona a realizar, omitir o tolerar un acto en perjuicio de sus intereses.
En ese mismo orden, solicitó la modificación del artículo 210, sobre injuria, que busca proteger la libertad de opinión y de crítica, reservando la intervención penal únicamente para conductas graves y dolosas.
La iniciativa elimina las penas de prisión y establece únicamente multas de tres a ocho salarios mínimos del sector público y la correspondiente reparación civil.
Asimismo, manifestó que, en cuanto al artículo 212, este debe adecuarse para que en ningún caso se pueda imponer el cierre de medios de comunicación, la suspensión de sus actividades, la revocación de licencias, la incautación de equipos o cualquier otra medida que limite su funcionamiento.
De igual manera, propuso la derogación del artículo 310, sobre el ultraje a funcionario o servidor público.
«Este artículo plantea un tratamiento especial para los funcionarios que sean supuestamente difamados. Esta disposición otorga una protección penal privilegiada a los funcionarios frente a los ciudadanos, en contradicción con el principio constitucional de igualdad ante la ley y con la necesidad de garantizar el escrutinio sobre quienes ejercemos funciones públicas», sostuvo.
El senador Taveras asegura que las modificaciones buscan modernizar el ordenamiento jurídico dominicano y alinearlo con la Constitución y con los estándares internacionales de protección de los derechos fundamentales.
«Se han presentado discusiones sobre estos artículos y, de hecho, nosotros, cuando los examinamos y participamos en la comisión especial del nuevo código, nos opusimos a los mismos, pero fuimos derrotados. Hoy los proponemos nuevamente, espero que sean acogidos», dijo.
La propuesta de Taveras surge mientras el nuevo Código Penal dominicano se encuentra en el período de vacatio legis, luego de haber sido aprobado por el Congreso Nacional y promulgado por el presidente Luis Abinader mediante la Ley 74-25. La normativa, que sustituye al Código Penal vigente desde 1884, fue promulgada en agosto de 2025 y está prevista para entrar en vigor un año después de su publicación oficial.
Este miércoles el senador independiente por la provincia de Santo Domingo y hasta hace poco aliado del oficialismo, Antonio Taveras, sometió un proyecto de modificación del Código Penal para eliminar artículos lesivos al ejercicio ciudadano, penalizados con prisión en casos de difamación.

«Este artículo plantea un tratamiento especial para los funcionarios que sean supuestamente difamados. Esta disposición otorga una protección penal privilegiada a los funcionarios frente a los ciudadanos, en contradicción con el principio constitucional de igualdad ante la ley y con la necesidad de garantizar el escrutinio sobre quienes ejercemos funciones públicas», sostuvo.