Se derrumba expediente Operación Calamar

El Ministerio Público luce atrapado con expediente de la denominada Operación Calamar.

Los fiscales este viernes recusaron a la jueza que lleva el caso y huyeron por la puerta de atrás.

Los abogados de la defensa han reaccionado con la doctora Laura Acosta a la cabeza. Lo han calificado como una “´prórroga de facto”, equivalente a un golpe de estado judicial, ak recusar a la jueza Ana Lee Florimó, del segundo juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

Esa magistrada es la que tiene a cargo decidir si otorga o no una prórroga para la presentación de la acusación del caso Calamar, que los fiscales proclamaban que era un “expediente blindado” con miles de pruebas que a tres años parecen esfumarse.

Laura Acosta y Luis Rivas, abogados de Gonzalo Castillo, cuestionaron que el Ministerio Público recusara a la juez Florimón a penas minutos antes de que ésta se dispusiera a emitir su fallo sobre el pedido de prórroga que le hace el órgano acusador para presentar la acusación.

“Esto es una barbaridad. Aquí (a la audiencia de hoy) hay gente convocadas, gente que está sufriendo una medida de coerción domiciliaria y que a un mes de la audiencia pasada, a tres días del fallo se haga una recusación, es una barbaridad”, dijo Acosta.

Sostuvo que la recusación no es más que un golpe de Estado judicial, con el fin de ganar tiempo para de manera ilegal continuar con la investigación.

“Lo que está pasando es una prórroga de facto, un golpe de Estado judicial”, recalcó Acosta tras enterarse de la recusación presentada por el Ministerio Público contra la juez Florimón.

Al entender de los abogados de Castillo, con la recusación, el Ministerio Público lo que ha hecho es otorgarse de manera dictatorial el tiempo que no ha podido conseguir de manera legal para continuar con la investigación de un expediente que falsamente dice que está blindado.

“Se están otorgando más tiempo sin que la ley se los de. Esta investigación concluyó el 20 de noviembre y tenía más de tres años. Esto es inexplicable”, manifestó Guerrero.

Además de Castillo, en el expediente figuran como imputados el ex ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta y el ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, junto a una veintena de acusados más.