Se le complica el panorama judicial a diputada Pilarte y a Micky López
Enviados a juicio de fondo por tribunal La Vega
Se le complica la situación judicial a la diputada oficialista de La Vega, Rosa Amalia Pilarte y a su esposo, Micky López, al ordenar el Segundo Juzgado de la Instrucción de esa provincia auto de apertura de juicio de fondo contra la red de lavado de activos, de actividades procedentes del narcotráfico que se le atribuye dirigir a los esposos.
La decisión fue tomada por la magistrada Sindy Lizardo, luego de decenas de reenvíos y tres años de que el Ministerio Público realizó el sometimiento.
La red dirigida por Micky López está acusada por el Ministerio Público de movilizar en el sistema financiero nacional, dos billones 539 millones, en la primera investigación hecha por la fiscalía de La Vega, dirigida por la magistrada Aura Luz García y la Procuraduría Especializada contra Lavado de Activos.
Sin embargo, en otra investigación más profunda por parte del Departamento de Jurisdicción Privilegiada de la Procuraduría General de la República a la diputada Rosa Amalia Pilarte López comprobó que son cuatro billones 418 millones 339 mil 312 pesos con 92 centavos (RD$4,418,399,312.92).
Además de Micky López, tendrán que responder por ante la justicia, en juicio de fondo, sus hijos: José Miguel y Miguel Arturo López Pilarte; su cuñada Ada María Pilarte de Inoa.
La diputada del PRM Rosa Amalia Pilarte, esposa de Micky López, también fue enviada a juicio de fondo, pero en jurisdicción privilegiada de la Suprema Corte de Justicia, por su condición de legisladora.
La acusación también abarca a las personas jurídicas: Inmobiliaria Gloria Ivette, Agropecuaria Gloria Ivette, Auto Crédito Selecto, SRL, Servi Crédito Gloria Ivette.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, todas estas empresas son de fachada y de carpeta, cuya operatividad estaba disfrazada para colocar en el sistema financiero nacional miles de millones de pesos y dólares obtenidos por actividades ilícitas.
La jueza Lizardo emitió auto de no ha lugar en favor José Román, señalado por el Ministerio Público como el mensajero del dinero.
El Ministerio Público de La Vega ha pasado todo una odisea para poder mantener el curso de las investigaciones y la acusación en los tribunales, con reenvíos, posposiciones decisiones indeseadas, apelaciones y hasta pedido de declinatoria para que el caso sea conocido en otra jurisdicción.
Para el tres de mayo del 2021, el juez José Martín De la Mota Contín, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Vega, declaró la extinción de la acción penal respecto de las entidades comerciales Agropecuaria Gloria Ivette e Inmobiliaria Gloria Ivette, representadas por José Miguel López Pilarte; Sociedad Comercial Auto Crédito Selecto y Servicrédito Gloria Ivette, representadas por Micky López.
El juez de La Mota Contín argumentó que actuó “De conformidad con las disposiciones del numeral 12, del artículo 44 de la normativa procesal penal vigente, por haberse vencido el plazo máximo de duración del procedimiento preparatorio, sin que el ministerio público haya formulado acusación, u otro requerimiento conclusivo”.
El caso fue apelado por la fiscal Aura Luz García y volvió a posición anterior.
En junio 17 del 2021, el Ministerio Público solicitó al pleno de la SCJ la declinatoria sobre el caso de lavado de activos con recursos proveniente del narcotráfico que involucra a la familia López Pilarte, señalando que no le garantizan seguridad jurídica.
El pedido fue hecho a la SCJ por la fiscal de La Vega, Aura Luz García, y Luis González, entonces titular de la Procuraduría Especializada Antilavado y Financiamiento al Terrorismo, quienes, además, solicitaron que el caso sea conocido en otra jurisdicción, que no sea La Vega.