Seguido por 236 muertos, Antonio Espaillat llega a la procuraduría

Dos meses después y con 236 muertos clamando por justicia, el dueño de la discoteca Jet Set se ha presentado a la sede de la procuraduría general de la República, sin el aparataje que se acostumbra para casos menos relevantes, acompañado de su abogado y su madre que es también de las dueñas del establecimiento colapsado.

El empresario, con fuertes vinculaciones con el gobierno, llegó a la sede del Ministerio Público tranquilamente, siendo trasladado casi de inmediato al despacho del director de persecución, Wilson Camacho para un interrogatorio que se ha vendido en las medios como «una entrevista», como le dicen a personas de interés para la justicia que gozan de privilegios.

Tras sesenta días de reclamos de justicia, ahora Espaillat, según ha declarado su abogado, Miguel Valerio, está disponible para colaborar con las investigaciones.

La «visita» de Espaillat ante el Ministerio Público (como si se tratara de una actividad social)  ocurre luego de que se entregara el informe oficial realizado por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE) sobre las causas del desplome de techo del Jet Set, que ha dejado más de 236 fallecidos.

El informe de ONESVIE está en manos del director de Persecución de la Procuraduría General de la República, Wilson Camacho.

Se dice que los hallazgos de la investigación son comprometedores y desfavorables para los propietarios del establecimiento, aunque hay una nebulosa que tiene que ver con la desaparición de parte de los escombros de la discoteca.

De acuerdo con algunos abogados de las familias de las víctimas del Jet Set, el informe preliminar depositado por ONESVIE, tiene buenas expectativas.

Los juristas coinciden en que este informe técnico debe ser determinante para establecer responsabilidades claras. Asimismo, aseguran que, si se confirma una falla estructural como origen del colapso, el Estado está obligado a dar una respuesta firme, rápida y sin privilegios.

Desde el punto de vista legal, algunos de los abogados lo califican como homicidio involuntario, pero otros se inclinan por la responsabilidad civil de los dueños del Jet Set que nada hicieron hasta el último momento cuando se le notificó incluso en la misma noche de la fatídica fiesta, que el edificio no aguantaría por falta de mantenimiento y las filtraciones.

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