Seguirá en prisión coronel acusado masiva sustración municiones en la Policía

El coronel Narciso Antonio Féliz Romero, el Intendente de Armas de la Policía procesado por la sustracción de miles de municiones en la Policía Nacional, continuará en prisión luego de que este martes la Corte de Apelación del Distrito Nacional declarara inadmisible el recurso elevado por el imputado.
La Tercera Sala de la Cámara Penal tomó la decisión a solicitud del Ministerio Público, que argumentó que el recurso carecía de objeto debido a que el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional tiene pendiente decidir una solicitud con los mismos fines.
Ese tribunal tiene previsto pronunciarse el 9 de septiembre de 2026, fecha en la que también decidirá si envía a juicio a Féliz Romero y a los demás imputados en el caso surgido de la Operación Pandora.
El Ministerio Público acusa al coronel de encabezar, durante su gestión en la Intendencia de Armas, un entramado que habría sustraído y comercializado ilegalmente miles de proyectiles, armas y explosivos bajo custodia de la Policía Nacional. Muchas de esas municiones, según lo que se ha determinado, fueron a parar a manos de bandas armadas en Haití.
Según la acusación, el presunto esquema habría provocado un perjuicio al Estado de 92,191,732.92 de pesos.
Féliz Romero cumple prisión preventiva desde la puesta en marcha de la Operación Pandora, en noviembre de 2024.
En el expediente también figura el capitán Nelson Valdez, quien dirigía el Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos de la Policía al momento del desmantelamiento de la presunta estructura y quien guarda prisión preventiva. 
Además, son procesados Víctor Manuel Santos Rodríguez, Ángel Rubiel Martínez Bacilio, Juan Luis Díaz Medina, Juan Miguel Soler Pérez y Morelbin Medina Pérez, quienes cumplen distintas medidas de coerción.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) acusa a un total de 11 personas de participar en la sustracción y posterior venta ilícita de proyectiles, armas y explosivos propiedad de la Policía.
Los imputados son acusados de coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y asociación de malhechores, además de violaciones a la Ley 631-16 sobre Armas y delitos relacionados con legitimación de capitales, alteración, falsificación, sustracción y ocultamiento de pruebas.


El Ministerio Público acusa al coronel de encabezar, durante su gestión en la Intendencia de Armas, un entramado que habría sustraído y comercializado ilegalmente miles de proyectiles, armas y explosivos bajo custodia de la Policía Nacional. Muchas de esas municiones, según lo que se ha determinado, fueron a parar a manos de bandas armadas en Haití.