Sigue dando vueltas sanción coronela agredió Defensor del Pueblo
La Jueza Francesca Potentini aplazó para el 24 de octubre la audiencia preliminar en el proceso que se sigue a la coronela y demás policías de la DIGESETT implicados en la agresión al Defensor del Pueblo, empleados de la entidad, y a miembros de la prensa en el Canódromo.
La magistrada reenvió la vista, donde también conocería la solicitud de medida de coerción que hizo el Ministerio Público contra los imputados, debido a que uno de los acusados no fue debidamente citado.
De acuerdo a lo explicado, Starling Antonio Ramírez Sierra, fue citado en la sede de la Policía, pero como fue destituido de la entidad, por otras faltas cometidas previamente al hecho, debe ser notificado en su domicilio.
Otra de las razones del aplazamiento fue que la defensa titular de la coronela policial Ysabelita de los Santos Pérez, quien era encargada del Centro de Retención Vehicular “Canódromo El Coco”, no estaba presente en la audiencia.
Además de solicitar que la coronela, los otros seis agentes implicados y el civil sean enviados a juicio de fondo, el Ministerio Público pidió al tribunal que se les imponga garantía económica de 300 mil pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país como medida de coerción.
A la vista se presentaron el titular del Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa; Harold Modesto, secretario general de la entidad, como también los miembros de la prensa que fueron agredidos.
Además de la coronela De los Santos Pérez, fueron sometidos a la justicia los agentes policiales Geraldina de los Santos, Marisol Vargas, Javier Natanael, Starling Antonio Ramírez Sierra, Ronny Recio Rosario y Carlos Borque Paulino y Braulio Pérez, como también Starling Antonio Ramírez Sierra, quien había sido retirado de la Policía, pero estaba al servicio de la coronela.
El hecho donde fueron agredidos el titular del Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, personal de la institución, una periodista y un fotógrafo de Listín Diario, así como un camarógrafo del canal CDN, en el Canódromo, ocurrió el 11 de abril pasado.
Ulloa acudió al Centro de Retención Vehicular “Canódromo El Coco”, junto a su equipo y miembros de la prensa, tras varias denuncias de una mafia que supuestamente controlaba la entrega de los vehículos que permanecen allí retenidos.