Sigue este jueves medidas coerción médicos involucrados robo Senasa
El Ministerio Público confirmó que diez de los 26 imputados en el expediente del Senasa 2-0 han acordado negociar declarándose culpable.
La procuradora Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), resaltó la solidez de la investigación del Ministerio Público y valoró las pruebas que sustentan la solicitud de imposición de la medida de coerción.
Explicó que 10 de los imputados han admitido los hechos, han estado contestes con los hechos que el Ministerio Público les ha imputado, lo que evidencia la fortaleza de nuestras imputaciones”,
La única realidad que sucederá en este proceso, al finalizar, es que el juez impondrá las medidas de coerción que ha solicitado el Ministerio Público a cada uno de los encartados”, dijo Ortiz, quien encabeza el equipo litigante que representa al Ministerio Público en la audiencia junto al procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución.
El procurador adjunto Wilson Camacho presentó las pruebas y argumentos que deben ser tomados en cuenta para imponer la prisión preventiva contra las 26 personas arrestadas.
El juez Rigoberto Sena ordenó al Ministerio Público presentar su solicitud de imposición de medida de coerción contra el entramado de corrupción administrativa enfrentado con la operación Cobra 2.0-A y aplazó la audiencia para este jueves, 24 de septiembre de 2026, a las 2:00 de la tarde.
El Ministerio Público, tras presentar sus conclusiones en la audiencia, solicitó que el caso sea declarado de tramitación compleja y que se impongan 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y Lucreisy Polanco Núñez.
También, contra la médico gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo y los médicos Einstein Rafael Borromé Valdez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
Igualmente, para los médicos Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Igualmente, para los médicos Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Los fiscales solicitan que se declare la complejidad del caso, conforme a lo establecido en la norma procesal vigente, por existir pluralidad de hechos, de víctimas y posibles implicados, tratándose de delincuencia organizada en los términos descritos por el Ministerio Público.
El bien jurídico protegido aquí no es monetario. El bien jurídico aquí está vinculado con el derecho fundamental a la salud. Derecho fundamental a la salud que se vulneró en perjuicio de ciudadanos beneficiarios del Seguro Nacional de Salud. A todos estos pacientes se les generaron cargos ficticios que redujeron el monto de los servicios a los cuales tenían derecho”, dijo Ortiz en el tribunal durante la presentación de la medida de coerción.