Sigue festival de reenvíos revisión medidas Caso Coral 5G

Continúan los reenvíos en el conocimiento de la revisión obligatoria de las medidas de coerción contra  los doce implicados en el Caso Coral 5G en cuyo expediente están encartados tres Generales de las Fuerzas Armadas y otros oficiales superiores.

Este martes el juez del Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, aplazó para el próximo jueves a las dos de la tarde la audiencia por razones de tiempo.

Este martes a los abogados de los imputados tuvieron acceso a la palabra, mientras queda pendiente para el jueves las conclusiones del Ministerio Público y las réplicas de los acusados.

A la salida de la sala de audiencias, el director de la Procuraduría de Persecución Especializada de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, rehusó ofrecer declaración a los periodistas, como ha sido su costumbre, casi siempre para asegurar que los casos están “blindados”.

Los implicados en el caso Coral 5G son los generales Juan Carlos Torres Robiou, ex director del Cestur, Julio Camilo de los Santos (FARD), Sub-jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares y Boanerges Reyes Batista, ex jefe de la Guardia Presidencial.

También el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).

También, el teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y el mayor José Manuel Rosario Pirón (PN). Igualmente, la primer teniente Johanna Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.

A todos se les acusa de participar en la creación de empresas a nombre de personas relacionadas al encargado financiero de estas instituciones militares para supuestamente “suplir combustibles y materiales gastables”, los cuales nunca eran entregados. también se realizaban cuadres ficticios para pasar los controles de auditoría y así poder distraer fondos millonarios del Estado, indica la acusación del Ministerio Público.

Además, el expediente señala que se asignaron sumas millonarias como partidas mensuales para operaciones de inteligencia, valores que supuestamente eran utilizados para gastos personales e inversiones de los directores y financieros del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), y otras instituciones estatales.