Silencio en Ministerio Público a casi 3 meses escándalo corrupción Senasa

Por Jeannette Kranwinkel.

La población todavía espera una respuesta del Ministerio Público al informe que contiene graves irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (SENASA), enviado por órdenes expresas del presidente Luis Abinader hace ya casi tres meses.

El silencio de la procuraduría general de la República ha disparado las alarmas en sectores que temen a la impunidad por los apellidos envueltos en este escándalo y la cercanía del poder de los funcionarios involucrados.

Apenas se han producido algunas declaraciones del director de la procuraduría anticorrupción (PEPCA), Wilson Camacho en relación a las investigaciones que se han derivado de la orden que dió el presidente Abinader el 13 de septiembre, al incumbente de la SISALRIL, Miguel Ceara Hatton y al actual director del Senasa, Edward Guzmán.

Mientras que la procuradora, Yeni Berenice Reynosa, muy locuaz para abordar la corrupción del pasado, ha sido muy lacónica cuando le han preguntado sobre el curso de esas investigaciones.

La situación se ha tornado tan difícil para ahondar en las profundidades de la corrupción en SENASA, que la Cámara de Cuentas ha tenido que designar a tres de sus miembros para tratar de conseguir documentos para auditar la gestión envuelta en el escándalo.

Las graves irregularidades detectadas en el seguro de los pobres, como se denomina al SENASA, no han provocado ningún arresto y el destituido director, Santiago Hazim, junto a su abogado, Miguel Valerio, emitió una declaración diciendo que está a la orden del Ministerio Público, ignorándose si ya fue interrogado.

Sobre los beneficiarios de esas irregularidades que envuelven cientos de millones de pesos, familias que dirigen empresas intermediarias en el sector salud, tampoco se ha dicho nada.

El comportamiento del Ministerio Público con esta investigación contrasta con las acciones mediáticas desplegadas con expedientes de menor monta, pero en el que se involucran a ex funcionarios del pasado gobierno peledeista.

Ya se ha hecho público a través de medios de comunicación, el desorden institucional en el que estaba sumida la ARS estatal, con la característica de que de ese caos sacaban millonarios beneficios económicos empresarios muy cercanos al doctor Hazim..

Se hace alusión a un informe de mayo de 2025 de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) que arrojó debilidades estructurales, fallas en la gestión de las autorizaciones médicas, carencia de protocolos esenciales en procesos de autorizaciones médicas o de contrataciones, procesos de compras informales, licitaciones cuestionadas, un sistema informático fragmentado, procesos de pagos calculados de forma manual y un trato preferencial a centros privados que, a través de distintas modalidades, accedieron a recursos millonarios de los que muchas veces no rindieron cuentas.

El informe de la Sisalril establece además que en el Senasa se desarrollaban “procesos de autorización médica fragmentadas y manuales, con fallas en controles automáticos (…) deficiencias de trazabilidad, incluyendo autorizaciones duplicadas y montos autorizados sin límites definidos”.

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