Son varios los intentos desde el gobierno por limitar derechos
Tres proyectos que perimieron y una ley que prosperó
Desde el gobierno, Poder Ejecutivo y legisladores del partido oficialista, se han despachado al menos cuatro proyectos de ley que contienen elementos que vulneran derechos ciudadanos, varios de ellos sepultados luego de los escándalos suscitados y el más reciente convertido en una ley que todos, menos en el Palacio Nacional, rechazan.
Se recuerda que en el 2022 la senadora del Partido Revolucionario Moderno (PRM) sometió y defendió junto con colegas, un proyecto proyecto de ley orgánica que pretendía regular el Ejercicio del Derecho a la Intimidad, el Honor, el Buen Nombre y la Propia Imagen.
La Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) alertó sobre las vulneraciones que contenía el proyecto. Se citaron por lo menos siete artículos de la pieza, que incluía propuestas de acciones legales contra quienes insulten “de forma innecesaria” a cualquier persona a través de la labor informativa o de opinión.
Tras la marea de críticas, la denominada Ley Mordaza de Melania Salvador perimió en la Cámara de Diputados.
Pero como dice el refrán “perro huevero, aunque le quemen la boca”.
Sólo un mes después, en junio del 2022, el Poder Ejecutivo depositó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para regular la ciberseguridad.
La iniciativa buscaba penalizar los delitos cibernéticos, pero incluyó un artículo que proponía hasta cuatro años de prisión y multas de 500 salarios mínimos para quienes difundan material audiovisual que se considere discriminatorio a través de las redes sociales o medios de comunicación. El proyecto perimió por falta de informe.
En agosto del 2022, el diputado oficialista Eugenio Cedeño depositó un proyecto de ley para regular la publicidad estatal en los medios de comunicación. En unas vistas públicas para debatir la pieza, la SDD expresó que cualquier interpretación de la ley pudiera ser un obstáculo a la libertad de expresión y al libre ejercicio de los medios de prensa.
Tras la consulta pública y después de meses de análisis, el proyecto caducó en julio del 2023, sin ninguna conclusión
Pero a pesar de los fracasos, desde el gobierno y su partido han continuado los intentos. Se aprobó aprovechando las festividades navideñas la controversial Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) que contiene una serie de artículos que chocan con la Constitución al restringir derechos fundamentales.
El presidente Luis Abinader, quien depositó ese proyecto de ley en el 2021, tras el escándalo generado, ha tratado de distanciarse, lanzándole el “muerto” al Congreso Nacional, donde el presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Alfredo Pacheco admitió que “todos somos culpables”.