Suprema dispone restringir datos imputados en procesos judiciales

La Suprema Corte de Justicia ha decidido poner trabas a los medios de comunicación para que difundan lo que ocurre en los tribunales en los procesos judiciales ocultando una serie de datos de los imputados, en lo que parece tiende a beneficiar a personalidades, políticos y empresarios involucrados en casos de corrupción y otros delitos graves.

El argumento de la medida es la “protección de los datos personales” de quienes interactúan en el sistema judicial y se produce cuando en los tribunales se conocen casos de corrupción que tienen como actores a ex funcionarios y empresarios.

El anuncio del  Poder Judicial de una “política de protección de datos” para proteger la publicación de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y de todos los tribunales del país, busca según la Suprema, “garantizar que la innovación y la digitalización no se conviertan en amenazas para los derechos fundamentales de las personas”.

El anuncio lo hizo el presidente de la SCJ y del Poder Judicial, Henry Molina, quien dijo que la implementación de esa política responde a la urgencia de proteger los datos personales (historiales judiciales, situaciones económicas y otros aspectos de la vida) de quienes interactúan con el sistema judicial, un ámbito en el que afirmó, “ información sensible pasa a formar parte de expedientes y procesos”.

Señaló que en una época en la que la información se ha convertido en un recurso de enorme valor, la protección de datos personales adquiere una relevancia inédita, tal como lo establece la Constitución de la República, en el artículo 44.2 y la Ley 172-13.

“Este documento no es simplemente un conjunto de normas, sino, que representa un hito en nuestro compromiso institucional y nacional con la protección de los derechos fundamentales, en una era cada vez más digitalizada y conectada”, subrayó Molina, al hacer la presentación en un acto realizado en la Sala Augusta de la SCJ.

Afirmó que la política de protección de datos beneficia a las personas involucradas en los procesos judiciales y, además, implementa mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y control para asegurar que todos aquellos que manejen información personal, cumplan con los más altos estándares de seguridad y ética.

“El objetivo de esta política es, en primer lugar, fijar criterios uniformes para la disociación o armonización de los datos personales en las decisiones judiciales que se publiquen”, sostuvo el magistrado Molina.

Agregó que los criterios que se utilizarán para proceder a la disociación o anonimización de los datos personales son flexibles, de manera que puedan ser modificados a discreción del juez, quien valorará qué categorías de datos son sensibles en cada caso.

Mientras la Suprema Corte busca ocultar los datos de los delincuentes procesados, principalmente los de alto calado, la justicia sigue tardando para las personas de bajo recursos que ven dormir sus casos el sueño eterno en los tribunales.

La corrupción judicial también sigue siendo un grave problema que no se ha enfrentado con la energía suficiente y seguir un caso en los tribunales dominicanos sigue siendo caro, casi inaccesible para los de abajo.