También es Ético respetar a sus compañeras

En los últimos tiempos los dominicanos hemos notado la frecuencia con que se denuncian actos de acoso sexual y otros abusos de funcionarios públicos contra empleadas de menor jerarquía.

Antes debo aclarar que sería injusto considerar que esta conducta es exclusiva de los funcionarios de la gestión perremeista, pues se trata de un mal tan antiguo como los tiempos de la colonia, cuando el señor feudal se arrogaba el «derecho de pernada», que no era otra cosa que el derecho de iniciar sexualmente a la sierva o a la esclava, antes de que la poseyera su prometido.

No obstante, resulta preocupante que a tan solo ocho meses de gobierno tres funcionarios ya enfrentaran cargos por abusos sexuales contra mujeres que trabajaban bajo su responsabilidad.

Tenemos informes de que otros casos que se evidenciaron se manejaron de manera discreta, sin llegar a la instancia judicial, pero eran casos conocidos por informaciones que se manejaron a lo interno de estas instituciones.

Nos referimos al ex director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Leonardo Faña, contra su ex gerente financiera María Isabel Flores Concepción quien acusó al funcionario y dirigente del PRM de pasearla hasta un negocio ubicado en Bonao, luego de negarse a reiteradas presiones para que accediera a complacerlo sexualmente, para luego de despertar de un largo sueño a que la indujo, constatar que el funcionario la había sometido a un severo lambisqueo en sus zonas privadas.

También de José Altagracia Sánchez, dirigente del PRM y ex director del Institutos Tecnológico Comunitario Oriental, por acoso a varias damas que laboraban en la institución y contra el exdirector de Aduanas de Santiago Antonio Gómez Díaz.

Por lo menos en estos tres casos se aprecia la laxitud bochornosa con que actuó el Ministerio Público al no apelar a su debido tiempo las sentencias «benignas» que les dictaron los tribunales.

A diferencia del diplomático del gobierno peledeista, Dionis Sánchez, contra quien la Suprema Corte de Justicia ratificó 20 años de prisión, por abuso sexual contra una hijastra, (bien hecho), Faña logró su libertad «pura y simple» y fue nombrado por el presidente Luis Abinader en otro cargo del sector agrícola.

El caso contra José Altagracia Sánchez parece haber caído en un limbo jurídico, mientras contra el ex director de Aduanas de Santiago, Gómez Díaz, se dictó prisión domiciliaria, la cual cumple plácidamente en su hogar.

El país tampoco se ha enterado de actuación alguna de la Oficina de Ética Gubernamental, que encabeza la doctora Milagros Ortiz Bosch, por lo menos para orientar a los funcionarios del respeto que deben observar ante el personal puesto bajo su responsabilidad o de actuar en consecuencia cada vez que se denuncia uno de estos.

Pero donde el fenómeno alcanza dimensiones más preocupantes es en la Cámara de Cuentas, organismo que está siendo zarandeado por una denuncia de «acoso laboral», que probablemente conduzca a un juicio político y a la posible destitución del principal acusado, su presidente Janel Ramírez Sánchez y los restantes cuatro miembros que la conforman.

Una simple lectura de las declaraciones de las supuestas víctimas del hecho, permite apreciar cuan distante está lo denunciado de lo que se tipifica como un acoso laboral.

Aducen las querellantes, que en todo caso Janel Ramírez se habría interesado en saber si una de las damas estaba casada, si su esposo era celoso, si tiene hijos, para finalmente invitarla a cenar y a bailar», peticiones a las que ellas se negaron porque según estas traspasan la intención laboral, para caer en lo personal.

El conflicto desatado a raíz de la denuncia de las abogadas Bella Maciel García Paulino y Virginia Ofelia Correa Jiménez tiene prácticamente paralizada la Cámara, en momentos en que, según versiones, se visualizan serios indicios de corrupción en 64 auditorías practicadas a gestiones de funcionarios del gobierno de Danilo Medina.

El caso ha generado una polvareda mediática sin precedentes, ya que, en principio, activistas del gobierno que interactúan en los medios de comunicación, interesados en girar la balanza en contra de funcionarios peledeistas, acusan a las dos abogadas querellantes de prestarse al juego de los grupos, que procuran un fracaso de los procesos judiciales en contra de los exfuncionarios, en especial del exministro de Hacienda Donald Guerrero.

Contra este exfuncionario se investiga el haber recibido cuantiosos beneficios por saldar las deudas a personas que habían vendido terrenos al Estado para la construcción de obras.

Este expediente contra el exministro de Hacienda, constituye la tabla de salvación para quienes apuestan a la persecución judicial como elemento encaminado a mejorar la imagen de Abinader, ante la falta de logros tangibles para presentarlos como oferta de campaña de cara a los venideros comicios.

Temen que se alargue un juicio político contra los miembros de la Cámara de Cuentas de factura perremeista, y derive en un fracaso para la actual gestión, cuyo presidente Luis Abinader, se involucró directamente al calificar a la anterior como un organismo peledeista.

Ambas abogadas depositaron una carta ante el Senado de la Republica, organismo del cual depende la Cámara dando cuenta de lo sucedido. Pero ni el senado ni la Procuraduría General de la Republica pusieron el debido caso a lo denunciado, teniendo ambas funcionarias que incoar una acción judicial contra el presidente Janel Ramírez, ante el PEPCA y el Departamento de Persecución de la Procuraduría, donde hacen un relato detallado de lo acontecido.

Fue en medio de un cuestionado proceso, que implicó un allanamiento, con desalojo compulsivo, «Manu militari» de la Cámara que presidía el doctor Hugo Álvarez Pérez que surgió la actual Cámara de Cuentas, la misma que hoy se encuentra como el líder azteca Moctezuma » sobre un lecho de brasas».