¿Transparencia o tapadera en el Poder Judicial?
Por Guillermo Tejeda
(Director Resumen Final Digital)
La Suprema Corte de Justicia ha publicado su nueva “Política” de Protección de Datos” que debe levantar sospechas legítimas para quienes ejercen el periodismo en la República Dominicana.
Argumentando la creciente digitalización de expedientes (que no se confunda con aplicación de justicia), ha puesto en marcha una medida que restringe el derecho a la información.
Se alega un contexto en el que los expedientes judiciales, las sentencias y otros datos “sensibles” ahora se almacenan, procesan y comparten a través de medios electrónicos, por lo que la protección de datos personas se convierten en una prioridad insoslayable.
Esgrimiendo estos motivos, se está cercenando un derecho a la información que en nada contribuye a la transparencia que debe garantizar el Poder Judicial, muy afanado en otros proyectos muy alejados de su misión principal.
Y es que nuestra Justicia, que no ha superado los bajos niveles de credibilidad, que sigue siendo “mala, lenta y cara”, lo que requiere es de un mayor acceso de la población y no sobre-proteger, como se sospecha, a los “jorocones”, empresarios y políticos, envueltos en escandalosos casos de corrupción y otros delitos graves.
Esa anunciada “Política de Protección de Datos del Poder Judicial”, solo anima a la impunidad y a fortalecer la negación al derecho a la información que tienen los dominicanos y buscan los periodistas en los tribunales donde casi siempre los jueces restringen el acceso de los medios en procesos que deben ser públicos.
Como bien señala el presidente de la Suprema Corte, Luis Henry Molina, en su Artículo 44.2, la Constitución de la República garatiza el derecho a la privacidad y a la protección de los datos, pero esa “anonimación” no debe utilizarse para poner más zancadillas a los medios de comunicación para obviar mencionar a quienes han robado el patrimonio público, sicarios con un rosario de asesinatos y poderosos narcotraficantes que son los casos que llegan a los augustos despachos de los jueces supremos.
El periodista solo debe actuar apegado a la verdad, con veracidad, pero el presidente de la Suprema debe comprender que si la persona ha cometido un delito, tendrá que asumir ciertos efectos colaterales que, indefectiblemente, podrán incluir que su reputación se vea afectada.
Hay que recordarle también, el presidente del Poder Judicial, que una de las demandas de la sociedad es saber lo que ocurre en los tribunales y se den a conocer por medio de la prensa para que los dominicanos juzguen el accionar del sistema de justicia.
Y como por estos predios judiciales le gustan tanto las copias españolas, recordar que para el Tribunal Constitucional de ese país ibérico, “la libertad de expresión no es sólo la manifestación de pensamientos e ideas, sino que comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando pueda molestar o disgustar a aquel contra quien se dirige, pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura”.
La confianza en la justicia no solo se gana protegiendo los datos y la privacidad de los imputados, muchas veces figuras públicas, que para mí, es el objetivo de esta nueva “política”. Las prioridades deben ser otras en nuestra justicia, más enfocada en proteger la reputación de determinados imputados, que en impartir una verdadera justicia.
La gente hace tiempo que está demandando, no una nueva cultura de privacidad, sino una justicia justa, a la que todo dominicano tenga acceso sin importar su condición social y económica, para frenar el galope de los Jinetes de la Impunidad.
Ese debe ser el camino más expedito para alcanzar una justicia más transparente, segura y confiable, que son las características de las que adolece el sistema judicial dominicano en estos momentos.