Tras agresiva campaña mediática, varían prisión a Peralta

Tras una campaña mediática para presionar a los jueces, el ex ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta ha conseguido la libertad bajo fianza y en las próximas horas saldrá de la cárcel de Najayo a donde fue enviado acusado de corrupción a gran escala detectada en la Operación Calamar.

Un tribunal varió este martes la medida de coerción al otrora ministro por presentación periódica cada 15 días, así como el pago de 4.5 millones de pesos.

Peralta, quien cumplía prisión preventiva por su vinculación a la “Operación Calamar”, es acusado junto a otros imputados de utilizar al menos 11 instituciones con las que gestionaba las expropiaciones irregulares de terrenos, el cobro ilegal a bancas de lotería, deportivas y negocios con máquinas tragamonedas, así como la compra de inmuebles con sobrecosto.

Según los fiscales, desde el Ministerio de Hacienda, Bienes Nacionales, la Tesorería Nacional, la Dirección de Presupuesto y las demás instituciones del sector, los imputados diligenciaban y gestionaban el pago de deudas públicas por expropiación irregular de terrenos.

En este expediente, el órgano acusador también imputa al exministro de Hacienda, Donald Guerrero; al abogado Ángel Lockward, y al exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo.

Asimismo, a Roberto Santiago Moquete Ortiz, a Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda; al exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa, y al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña.

También, a Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías Encarnación.

Peralta era el único imputado en el caso Calamar que permanecía en prisión, puesto que Guerrero salió de la cárcel a mediados del pasado mes de octubre.

El equipo de defensa de Guerrero logró que los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional le variaran su respectiva medida de coerción de prisión preventiva a presentación periódica, impedimento de salida del país y el pago una garantía económica de cinco millones de pesos a través de una compañía aseguradora, al desatar una masiva campaña mediática.