Una «Brisita Navideña» cargada de ineptitud y sin rigor en gasto público.

Por Miguel Ángel Núñez
De nuevo se repite la historia de las últimas cuatro navidades que ha tenido el país: se evapora por las cañerías de la politiquería una inversión de miles de millones de pesos que hace el gobierno, a través de los bonos, con la intención de que familias humildes puedan adquirir los componentes de la cena navideña, y de ser posible, otros gastos en que incurren las familias para celebrar la navidad.
Se trata de una inversión social bien justificada, si se cumplieran objetivos mínimos, como el derecho a cenar, en paz y armonía, aunque por una noche, de más de dos millones de familias, que por su estrechez económica, son privadas de ciertos bienes de consumo.
Es una practica que viene de los gobiernos del presidente Balaguer, cuando se entregaban a personas de escasos recursos, fundas de color rojo contentivas de alimentos de la cena navideña.
Luego las continuaron, pero en cajas, los gobiernos del PLD y el PRD, pero que el gobierno de Luis Abinader y el PRM, prefieren hacerlo mediante el uso de tarjetas electrónicas, alegando que terminan con las largas filas de ciudadanos, con los consiguientes atropellos y vejaciones en que se incurría durante los repartos de estas cajas.
Sin defender esta inversión que hacen las autoridades, las ayudas en cajas o en fundas cumplían el objetivo social de hacerle llegar a cada familia menesterosa el aliciente de tener asegurada su cena de navidad, con un mínimo de malestar.
Lo cierto es que los reiterados escándalos que año tras años se verifican en torno a estas ayudas, denota que en la concepción y en la gerencia de estos programas sociales ha primado el «tigueraje» y una falta de sentido común para que esta inversión, que supera los cuatro mil millones pesos cada fin de año, llegue a los que verdaderamente la necesitan.
Faltan condiciones mínimas que justifiquen que estos programas cumplan objetivos sociales. Primero, falta decencia y un cristiano espíritu de solidaridad, en quienes administran el programa para que, en especial los bonos, no sean repartidos entre los politiqueros de turno, de modo, que por ejemplo, una sola persona no se presente a un supermercado con decenas de bonos a comprar lo que se le antoje, si la disposición es que sean individuales y de un bono por familia.
Las redes sociales están colmadas de videos de personas haciendo un uso burdo de este programa, sin la debida sanción de la autoridad.
Hubo un año, en plena pandemia que decenas de colmaderos fueron sometidos por recibir paquetes de estos instrumentos, al margen de lo que establece la disposición vigente.
No se guardan las formas, en cuatro año de uso de este mecanismo de asistencia social, ha ocurrido de todo, incluso, quien suscribe comprobó que la dirección de los planes sociales de este gobierno, distribuía cientos de estos bonos entre dirigentes medios del PRM, para su provecho personal o para que se los distribuyeran a miembros de base, que habían manifestado inconformidad con el gobierno, por no haberles nombrado en un cargo público.
Es tal el desprestigio que a diario aparecen páginas web falsas, buscando timar a personas incautas que tratan de consultar su estatus, y confirmar si califican para acceder a la ayuda.
La directora del programa «Supérate» que administra los bonos de 1.500 pesos, Gloria Reyes, con una candidez proverbial, debió salir a justificar el último de los «yerros» de los bonos que fue la publicación de un padrón de más de tres millones de «beneficiados», que incluía a conocidas personalidades del ámbito político nacional, cuando el blanco de público son personas sin empleos, carentes de recursos y ostensiblemente pobres.
«Se utilizó el padrón de la TSS, donde aparecen como pensionados los ex presidentes Hipólito Mejía, Danilo Medina y Leonel Fernández, pero eso no quiere decir que los que figuran en el listado, sean beneficiarios del bono», dijo.
El mar de críticas que ha desatado la distribución del bono de 1.500 pesos destacan que el programa pudo cumplir una función social más efectiva si se recurre a la plataforma del Sistema Único de Beneficiarios, para garantizar que los allí aparecen son los que realmente merecen recibir la ayuda.
Pero quienes así opinan no toman en cuenta que ese sistema se elaboró en 2004, y aunque intervinieron técnicos del BID, es un instrumento desarrollado durante los gobiernos del PLD, que es calificado por el actual, como la «encarnación del maligno».
Este solo incidente motivo que la página electrónica, donde se confirman quienes califican para recibir los 1. 500 pesos del bono, fue sacada de servicio con el alegato de que el cúmulo de errores que presentaba debía ser corregido.
Los jerarcas del PRM, incluyendo al presidente Luis Abinader, lejos de admitir y gestionar corregir las irregularidades, lo que han hecho es culpar a la oposición de tratar de desacreditar el programa por conveniencias políticas.
El coordinador del Gabinete de políticas sociales del gobierno, José Francisco Peña Guaba, le echo más leña a la caldera, al ser visto en hospitales públicos y otros lugares, distribuyendo los bonos, a diestra y siniestra, sin ningún tipo de rigor administrativo, ni cuidando la forma.
El calculo es sencillo, en los últimos cuatro años se ha invertido un aproximado de 16 mil millones de pesos, que a mi mejor apreciación, debieron ser utilizados en programas sociales bien orientados a combatir la pobreza.
Por ejemplo en la mejora de servicios como el agua, electricidad, educación, seguridad, mejora o construcción de escuelas, centros tecnológicos o caminos vecinales para dignificar, de manera eficaz, la vida de estos tres millones de familias.