Una tragedia que no debe quedar impune: San Cristóbal y sus muertos
Por Guillermo Tejeda.
(Director Resumen Final Digital)
Ha transcurrido más de una semana de la apocalíptica explosión ocurrida en el corazón de la ciudad de San Cristóbal, pero todavía sus pobladores y el país desconocen lo que realmente sucedió a pesar de que le ha costado la vida a 33 personas, según las cifras conservadoras que han ofrecido hasta el momento, los organismos de socorro.
Lo que sí hemos observado es un interés inusitado desde las altas instancias gubernamentales, por borrar las evidencias de esa tragedia y pasar página, para forzar una normalidad que no asimilan los hogares de las víctimas mortales y los desaparecidos que se ha pretendido invisibilizar con el paso de los días.
El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) descontinuó los boletines presenciales de acompañamiento en la ciudad, los bomberos dieron por terminadas las labores de búsquedas entre los escombros y recomendaron sin determinar causas, la demolición de las edificaciones que resultaron dañadas por las ondas expansivas de una explosión todavía de origen desconocido.
El presidente Luis Abinader visitó en cuestión de horas dos veces San Cristóbal, anunció «todo el apoyo de su gobierno», y se realizó un censo de las víctimas y negocios, delegando esas funciones en el ministro de la Presidecia, Joel Santos, que comenzó a distribuir la suma de 50 mil pesos por cabeza de los muertos, que se entregaron a puertas cerradas en la Gobernación Provincial, lo que cuestionaron parientes que exclamaban que sus familiares muertos no tenían precio.
Un hecho que llamó a suspicacia fue que el presidente Abinader involucrara al J-2, organismo de inteligencia de las Fuerzas Armadas, en las investigaciones, colocándolo al frente, al margen de los expertos de los organismos de protección civil, que supeditaron sus labores a las órdenes de los militares.
La de San Cristóbal es una tragedia que tiene que investigarse a fondo, sin dejar ningún espacio a la duda, sin importar que salpique a personas vinculadas con el poder político, cuyos nombres están de boca en boca en las calles de esa ciudad sureña.
Como hijo de este pueblo, digno de mejor suerte, puedo asegurar que lo que ha sucedido es el fruto de la indiferencia de los organismos reguladores, que han permitido la proliferación de todo tipo de negocios y empresas en el casco urbano de San Cristóbal, ignorando los peligros a los que exponen a su población.
Sólo hay que darse una vuelta por las Avenidas Constitución (la principal) y Libertad; las calles General Cabral, General Leger, la Padre Ayala, antes residenciales, arropadas hoy por negocios de todo tipo, bares, colmadones, talleres, que han obligado a una estampida de familias tradicionales, forzadas a vender sus inmuebles para dar paso a la invasión comercial descontrolada, que tiene mucho que ver con esta catástrofe.
Lo del «mercado viejo», donde se dice que se originó la explosión, es el sinónimo del caos impuesto por la politiquería que ha regido los destinos de San Cristóbal en los últimos 30 años. Unas instalaciones que se repartieron los políticos en uno de los gobiernos del doctor Balaguer, cuyos espacios han ido de mano en mano y donde cada quien instalaba lo que quería, porque los permisos se conseguían por debajo de la mesa, de lo que saben regidores y otros funcionarios que tienen la responsabilidad de regular, pero más que el interés del bienestar colectivo han podido los intereses mercuriales que han promovido el gran desorden que caracteriza a la ciudad Cuna de la Constitución de la República.
Se han perdido muchas vidas, de gente humilde, pero valiosa y trabajadora, como para tratar de ocultar el sol con un dedo, apresurando procesos y protocolos que podrían arrojar luz para aclarar este desastre.
La mayoría de los 33 muertos (hasta el momento) y los desaparecidos (que son muchos), eran personas que compraban materiales para sus pequeños talleres de tapizado, ebanisterías, otros vendedores que pasaban por el lugar, empleados de negocios siniestrados, con el común denominador de que no tenían apellidos de abolengo, lo que ha precipitado las decisiones del gobierno, pretendiendo poner un punto y aparte por donde ha corrido mucha sangre y fuego, lo que resulta inaceptable.
Los «Hijos de Machepa» también merecen ser tratados con dignidad y que se respete el dolor de sus familiares y es lo que no se ha comprendido o se pretende ignorar con la gente de San Cristóbal.
Es cierto que en el país impera la cultura de que «nada es nada» y que un escándalo tapa otro, pero lo que no se podrá borrar es la huella de esta tragedia, que seguirá marcando los pasos hasta llegar a los verdaderos responsables de tanto luto y dolor.