Unos 150 funcionarios no han hecho declaración jurada en CC

La presentación de la declaración jurada de patrimonio se ha convertido en un relaje porque no hay regimen de consecuencias,

Por eso hay más de y centenar de congresistas que no han declarado su patrimonio al igual que funcionarios del gobierno.

La doctora Emma Polanco, presidenta de la Cámara de Cuentas

Es la Ley 311-14 la que establece que los funcionarios tienen un plazo de 30 días luego de asumir el cargo para entregar su declaración jurada de patrimonio.

Pero han transcurrido  más de ocho meses hay 133 diputados y 10 senadores que no han cumplido con esta obligación.

Así lo informó la Cámara de Cuentas, la cual inició el pasado sábado una jornada especial para que los funcionarios públicos que tienen pendiente cumplir con este mandato acudan a depositar su declaración jurada de bienes.

El pleno de la Cámara de Cuentas, encabezado por la directora Emma Polanco, indicó que la jornada está siendo realizada con el propósito de facilitar el cumplimiento del deber legal, “reafirmando el compromiso de los servidores públicos con la transparencia y la gestión íntegra de los bienes del Estado”.

Maritza Cruz Gonzalez, directora de la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio, indicó que varios funcionarios ya han acudido a presentar su declaración jurada de patrimonio ante este operativo que inició a las 8:30 de la mañana y concluirá a las 4:00 de la tarde.

Asimismo, manifestó que varios funcionarios han sido sancionados con la restricción de su salario, tal y como lo establece la ley.

Sin embargo, aclaró que con los ayuntamientos, al tener un funcionamiento diferente, la Cámara de Cuentas no puede hacer restricciones de salarios “porque eso viene por otra medida”.

Según informó la entidad a la prensa, están pendientes de presentar su declaración jurada de bienes 150 funcionarios designados por decreto.

Cruz González expresó que, para agilizar el proceso de recepción de documentos, la Cámara de Cuentas dispuso la participación de varios notarios públicos, quienes legalizan los expedientes de los funcionarios, para contribuir a optimizar los trámites.

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