Vocero de la Presidencia trata minimizar rumba de asesores
Tras el escándalo que ha provocado la publicación de un amplio listado de “asesores” que cobran lujosos salarios en instituciones del Estado, el vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, ha tratado de justificarlo, argumentando que son funcionarios que realizan una labor.
Señala que se trata de una “confusión” la denominación dada a los asesores que tienen los distintos ministerios y direcciones.
Lo atribuye a un tema burocrático con el Ministerio de Administración Pública (MAP), asegurando que son personas que ocupan cargos directivos.
Figueroa habló del tema al ser cuestionado por periodistas, tras concluir la reunión del Consejo de Ministros que encabezó el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional.
Garantizó que son personas que tienen un trabajo fijo y que ofrecen un servicio continuo y constante.
El periódico del grupo de Medios Panorama ha sido al que ha puesto sobre el tapete el tema de los cientos de asesores en el gobierno, publicando un listado con los salarios devengados, lo que representa millones en las nóminas en momentos en que el gobierno le está pidiendo a la población más sacrificios con una reforma fiscal que elabora.
El ministerio de Administración Pública emitió recientemente una resolución que establece que las instituciones del gobierno solo podrán nombrar dentro de su estructura organizativa, una cantidad máxima de asesores, equivalentes al número de viceministerios, subdirecciones generales o nacionales, intendencias, subadministraciones o equivalentes que tenga la institución.
Sin embargo, la institución aclaró que quedan excluidos de su ámbito de aplicación, los asesores que sean designados por la Presidencia de la República, a través de los Ministerios de la Presidencia (Minpre) y Administrativo de la Presidencia (Mapre) y por la Vicepresidencia de la República.
De igual modo, los que sean nombrados por los Ministerios de Defensa (Mide) y de Relaciones Exteriores (Mirex), dentro de la racionalidad, y dando cumplimiento al ordenamiento jurídico vigente, en materia de función pública y presupuesto.
Pero esto ha sido letra muerta y los ministros y directores han llenado de asesores sus instituciones, muchos de ellos sin conocimiento de lo que tienen que asesorar en lo que se corresponde con el pago de favores políticos.