Dentro de dos meses tsunami podría pasar por la Suprema Corte

Once jueces serán evaluados por el Consejo Magistratura

Existen muy pocas posibilidades de que no se aplique la aplanadora dentro de dos meses cuando el Consejo Nacional de la Magistratura se aboque a la evaluación de los actuales jueces de la Suprema Corte de Justicia.

En total serán once los magistrados sometidos a evaluación y en círculos jurídicos se habla de candidatos a sustituirlos incluyendo al actual presidente del organismo, Luis Henry Molina, quien cumplirá 7 años en el cargo.

Junto a Molina, otros siete magistrados también concluirán en abril su primer período constitucional, lo que obliga al CNM a examinar su desempeño en esa alta corte, conforme a lo establecido en el artículo 181 de la Constitución.

Los magistrados  Fran Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez Mena alcanzarán un ejercicio acumulado de 14 años, equivalente a dos períodos, por lo que igualmente deberán ser sometidos a evaluación.

El Consejo también evaluará a los jueces Vanessa Elizabeth Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo A. Bello Ferreras, María Gerinelda de los Reyes Garabito Ramírez, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico.

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, explicó que la evaluación tiene “un carácter estrictamente personal y periódico” para cada juez, por lo que no se transforma en una evaluación colectiva por la coincidencia temporal de varios magistrados que culminan su primer período de siete años.

Argumentó que la Ley núm. 138-11, del CNM, en su artículo 24, reafirma que la designación y ratificación de los jueces de la SCJ corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura, sin prever evaluaciones conjuntas ni extraordinarias fuera del marco constitucional.

De igual modo, señaló que la Ley de Carrera Judicial regula de forma separada el régimen de jubilación de los jueces de ese alto tribunal, “estableciendo la jubilación facultativa a los setenta años y obligatoria a los setenta y cinco, sin vincularla al sistema de evaluación de desempeño”. Ninguno de los once jueces alcanza los 70 años de edad.

“En consecuencia, aun cuando los jueces ratificados en 2019 deben ser evaluados nuevamente al cumplirse su segundo período de siete años, dicha evaluación debe realizarse de manera individual y conforme a su propio ciclo constitucional, sin que exista fundamento constitucional o legal para que dicha evaluación se realice de forma conjunta con la de los jueces que culminan su primer período de siete años, salvo que coincidan exactamente en el término de su respectivo período constitucional”, subrayó.

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