El país de los irresponsables, nadie quiere asumir culpas

Por Guillermo Tejeda

(Director Resumen Final de Noticias)

Este es un país en el que nadie es responsable de sus hechos.

Nadie quiere asumir responsabilidad, comenzando por el propio gobierno y sus más connotados funcionarios.

Tampoco las organizaciones políticas acostumbradas todas en las coyunturas electorales a «barrer hacia adentro».

En medio de los sucesivos escándalos de legisladores, dirigentes y financistas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) vinculados con el narcotráfico y extraditados o solicitados en extradición por tribunales de Estados Unidos, la organización ha pretendido guardar distancia.

Todos muy cercanos, al extremo de que fueron favorecidos con cargos legislativos, municipales o posiciones en el gobierno, pero las acciones son ahora «individuales», sin detenerse a reflexionar y darse golpes en el pecho por aceptar a gente que el rumor público lo asociaba con acciones ilícitas que le generaron las fortunas que le abrieron las puertas a partidos que los utilizan como bancos personales.

Nadie quiere responsabilizarse por la ligereza de tirar las alfombras para darle la bienvenida a reconocidos narcos que han contaminado también la actividad empresarial.

Y la crítica no es solo para el partido de gobierno que está en medio de un vendaval, capitalizando en estos momentos la mayor cantidad de narcos extraditados y que cumplen condena en cárceles norteamericanas, mientras que otros están en capilla ardiente. Es para todo el sistema de partidos políticos contagiados con el virus de la avaricia que los lleva a otorgarle reconocimiento social a gente que se dedica al tráfico a gran escala de drogas, el lavado de millones de dólares y los crímenes que se derivan de esas operaciones del bajo mundo.

Pero volvamos al tema principal, la responsabilidad que nadie quiere asumir que se grafica en otro ejemplo: El de la Policía Nacional y los excesos de sus agentes.

La ministra de Interior, Faride Raful ha tenido el descaro de desligar a la institución de los asesinatos perpetrados y documentados de los agentes, con el más reciente escándalo protagonizado en La Barranquita, Santiago, donde los efectivos del Dicrim cometieron una masacre con cinco jóvenes acribillados a tiros.

Para la funcionaria, cuyo accionar es totalmente opuesto a lo que predicaba desde la oposición y cuando se levantaba en su curul en la Cámara de Diputados y el Senado, por ese deleznable hecho no se puede culpar a las autoridades policiales.

Ella como ministra y el jefe de la Policía se desligaron públicamente de esa tragedia que provocó una repulsa nacional, obligando a la Procuraduría General de la República a movilizarse y someter a la justicia a los integrantes de la patrulla actuante, aunque con un expediente tan flojo que los oficiales que dirigieron la masacre están en sus casas con garantías económicas que conducen a la impunidad.

Tanto que nos gusta imitar a países europeos y a Estados Unidos para justificar incapacidades, pero no emulamos los gestos de funcionarios de esos países, que ante una mala acción de sus subalternos asumen la responsabilidad y renuncian a los cargos.

Pero aquí, aunque tengan los jarretes enlodados por los escándalos, los funcionarios del gobierno no quieren asumir responsabilidades, haciendo creer que cruzaron por el pantano y no se ensuciaron, ajenos a las consecuencias que ellos mismos generaron.

Cuando se habla de cambio, también debe propiciarse que la responsabilidad de los funcionarios deje de ser una utopía en el país…