El tráfico de haitianos y la complicidad militar

Por Guillermo Tejeda
(Director Resumen Final Digital)
La muerte de trece indocumentados haitianos transportados en una yipeta que se accidentó en una comunidad de Esperanza, en la noroestana provincia de Valverde, ha servido para desnudar una vez más la complicidad de las autoridades con el tráfico de migrantes y las bandas que se dedican a esta actividad criminal por una frontera que, según los jefes militares está «blindada».
Para nadie en esa zona es un secreto y mucho menos para los militares asignados a los puestos de chequeo, el lucrativo negocio que se produce con el tráfico de haitianos por la comunidad de Peñuelo, en Esperanza.
Una pareja (hombre-mujer) debe pagar unos 22 mil pesos a las organizaciones que le garantizan su desplazamiento hacia Santiago, que es el destino de quienes ingresan por las partes porosas de la frontera norte con Haití.
Los traficantes usan esa vía para evitar el puesto de chequeo militar de Jicomé, ubicado en la autopista Duarte, y vehículos de todo tipo se utilizan para transportar como sardinas a esos desesperados haitianos, lo que se incrementa los fines de semana.
Estas tragedias son recurrentes y todavía está en la memoria de los residentes en esa región, el accidente ocurrido en el 2016 en el que murieron diez haitianos en circunstancias similares.
La frontera domínico-haitiana sigue desguarnecida, a pesar de los constantes anuncios de aumento de la seguridad con «cientos de soldados» y los equipos bélicos que se han enviado a los recintos del Ejército en Mao, Dajabón y Montecristi. Lo que ha venido aconteciendo desmiente la veracidad de las afirmaciones de las autoridades sobre mayores controles, cuando a diario pasan cientos de esos inmigrantes, entre los que se han colado cabezas de las bandas que operan en territorio haitiano.
No importa la altura del muro que construye el gobierno, si hay quienes paguen los peajes establecidos para saltar cualquier verja fronteriza.
Al margen de la falta de controles migratorios en la frontera, se ha criticado la falta de solidaridad frente a una tragedia, guardando el gobierno un sepulcral silencio ante la muerte de 13 seres humanos, incluyendo dos niños.
Se ha pretendido silenciar este hecho, que deja muy mal parada a las Fuerzas Armadas, con mayor presupuesto para garantizar la seguridad fronteriza, con más equipos y logística para el patrullaje, pero que no ha demostrado capacidad ni voluntad para frenar el creciente trasiego de haitianos indocumentados, no sólo por tierra, sino también por mar.
Hasta que no se enfrente la complicidad e impunidad frente al tráfico de personas, no habrá muro que detenga un negocio que comienza en la frontera y desemboca en los bolsillos de importantes jerarcas, tanto funcionarios civiles como militares.

