En medio ambiente impunidad, La Victoria recobra normalidad
La Penitenciaría Nacional de La Victoria ha recobrado su normalidad, sin que se sepa como ocurrió el incendio que dejó un saldo oficial de trece muertos, aunque familiares y los propios reclusos aseguran que son mucho más las víctimas del siniestro.
A esa cárcel fue enviado como jefe de seguridad, un coronel que estaba en otro dolor de cabeza penitenciario, la Cárcel del 15 de Azua, sancionado años atrás por «prestarle» su habitación a un delincuente preso para sostener relaciones sexuales con una visitante,
El fuego ocurrió el 18 de marzo, pero la Procuraduría General de la República ha ofreciedo pocos detalles del hecho, limitándose a crear un un «gabinete» integrado por los mismos funcionarios responsables del desastre inmperante en esa prisión que alberga a más de siete mil internos.
El sistema penitenciario informó que ya empleados de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, supervisan los trabajos en el área de Asistencia Legal para el proceso de identificación y ubicación de los privados de libertad que fueron movilizados a otros centros, para su efectiva asistencia a los tribunales como garantía del conocimiento de sus casos en justicia de manera oportuna.
Durante la jornada del día, los empleados de la DGSPC que coordinan los trabajos en La Victoria se reunieron con privados de libertad de las distintas áreas del centro, quienes se comprometieron a continuar colaborando en todos los procesos que se ejecuten para el bien del centro penitenciario, a través de los equipos que conforman las brigadas de privados de libertad pertenecientes a la Dirección de Medio Libre, bajo la dirección y coordinación de Yenni Olga Hernández.
La DGSPC indicó que una comisión de funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) hicieron una visita sociofamiliar a dos de las familias de privados de libertad identificados como fallecidos en el incendio que ocurrió el pasado 18 de marzo en dicho centro de privación de libertad.
La comitiva la encabeza Danissa Cruz, fiscal titular de los Derechos Humanos del Ministerio Público, junto a colaboradores de la DGSPC, integrada por Ramona Bernabé, encargada de Salud Mental y de Bienestar Social, quienes visitaron las familias de los fallecidos Darlinson Flores Reyes y/o Esteban Pérez Flores y Ángel Amado Piña Féliz.
En La Victoria se han realizado más de mil traslados de reclusos y se ha improvisado un campamento para llevar a muchos de los presos que estaban en las dos celdas siniestradas. La Procuraduría no ha dicho cuantas personas se encontraban en esos espacios cuando ocurrió el fuego.