La inflación se come a los dominicanos
Los dominicanos sufrimos, en una semana, dos medidas económicas que impactan como una patana a la maltrecha economía popular. Me refiero al cuarto incremento en lo que va de este año de la energía eléctrica, y, una subida a 7.25 por ciento de la tasa de interés de política monetaria.
El país ha reaccionado con preocupación al incremento de los precios de los artículos de primera necesidad y los servicios, ya que ambos factores constituyen componentes importantes del diario vivir de cualquier nación. La reciente experiencia de estallidos sociales en Colombia y Ecuador no deben pasar desapercibidos.
Tanto el incremento de las tasas como la electricidad ocurren justo cuando el país enfrenta los procesos inflacionarios más altos de la historia reciente: 8.73 por ciento al cierre del pasado mes de enero que, según los organismos internacionales, la República Dominicana que hasta hace poco tiempo era uno de los paises con más baja tasa de inflación, hoy día es la segunda nación con más alto índice de precios al consumidor.
Alguien responderá que precisamente el aumento de la tasa de interés persigue lo contrario: «secar de liquidez la economía, con el objetivo de desincentivar el consumo», pero es sabido que en nuestro país donde la principal actividad económica la constituyen las microempresas, es obvio que estas aplicarán a la mercancía el aumento de precio del dinero que tomaron prestado para trabajar.
A modo de ejemplo, si alguien toma 1,000 pesos a 10 por ciento de interés para fabricar camisas, y se aumenta a 15 por ciento el interés por ese préstamo, es lógico que ese aumento de 10 por ciento se aplicará al precio de las camisas.
Lo propio sucede con los negocios de comidas y bebidas, transporte y otros renglones. De modo que ese aumento de tasas de interés es inflacionario, aunque el objetivo que se persigue sea lo contrario.
Pero de seguro que este incremento que lleva las tasas oficiales a 7.25 por ciento encarecerá las mensualidades por los préstamos contraídos para comprar viviendas de una amplia franja de sectores de clase media. También a los préstamos para comprar automóviles, entre otros tipos de negocios.
Lo de la electricidad en el país pasa de lo dramático a lo ridículo, ya que el gobierno no consigue una fórmula que le permita encarar los contratiempos que enfrenta ese sector y basándose en un supuesto pacto eléctrico que suscribieron los diferentes sectores, se dispuso un aumento de la tarifa eléctrica, el cuarto en lo que va de año, que encarece en más de 60 por ciento el servicio. Matizaba que en el caso de quien suscribe, ese aumento superó el 130 por ciento.
Todavía la central de Punta Catalina, que esta supuesta a aportar 736 megavatios al sistema, a base de carbón mineral, no entra plenamente al mercado, ya que una de sus plantas está apagada y no se tiene bien clara la política que tiene el gobierno con ese complejo termoeléctrico que costó al país más de 2 mil 300 millones de dólares.
El aumento de la energía eléctrica es irritante porque aumenta el peso que soportan los dominicanos que ven deteriorar su calidad de vida, invirtiendo en luz lo que debían dedicar a comida, medicina, transporte, educación, gas de cocina. Ni decir que el deterioro y carestía del servicio priva a los más pobres del sagrado derecho al descanso.
El gobierno se empeña en atribuir a factores exógenos, como la guerra en Ucrania y la pandemia de Covid-19 el incremento de la inflación, aunque la población sentía que este era un fenómeno que venía en proceso, que en el país se había proyectado con mayor severidad que en otros países.
Las quejas en supermercados y colmados por la subida de los precios, en especial los de la canasta básica, como el arroz, carnes, víveres, aceites, huevos, materiales de construcción, como cemento y varillas y medicamentos son ensordecedores, llevando al gobierno a improvisar con una ley que elimina de aranceles a 67 productos de alto consumo. Ante esta ley los sectores productivos reaccionaron como si se tratara de limón en una herida, toda vez que los saca de competencia en el mercado.
Lo que sí es indiscutible es que la familia, que hace dos meses pagaba 10 mil pesos por la compra para una quincena, hoy día tiene que invertir 12 o 13 mil, con menos productos, cargando el actual gobierno con el descontento popular por una situación inflacionaria que se agrava con los días.