La JCE, su presupuesto y la legitimidad democrática

Por Guillermo Tejeda

(Director Resumen Final Digital)

El tiempo avanza para la cita con la democracia que se produce en la República Dominicana cada cuatro años y que ha logrado superar la cultura de la incertidumbre y sobresaltos que llegaron a poner al país al borde de la ingobernabilidad.

La Junta Central Electoral (JCE) ha venido haciendo su parte, agotando religiosamente el cronograma encaminado a la celebración de un proceso electoral diáfano y transparente, para escoger en el el 2024 a nuestros nuevos gobernantes. Se trabaja en la dirección de hacer más fuerte la legitimidad democrática.

Pero hay piedras en el camino. Los recursos que se han consignado en el presupuesto del 2023, año pre-electoral, no son ni los mínimamente requeridos para que esa maquinaria de la democracia continúe su avance, lo que sorprende tomando en cuento el compromiso enarbolado por el presidente Luis Abinader con el fortalecimiento de la institucionalidad.

La partida asignada a la JCE en el presupuesto del 2023, un año electoral, resulta insuficiente para cumplir con las delicadas tareas que tiene que desarrollar en el montaje de las elecciones.

En ese proyecto de Presupuesto, la Junta apenas recibirá 2 mil millones de pesos adicionales al año pasado, monto que se consumiría sólo en las primarias de los partidos políticos programadas para octubre del próximo año.

El tribunal de elecciones sometió un presupuesto de poco más de 18 mil millones de pesos y los técnicos que elaboraron dicho presupuesto le consignaron unos 8 mil millones, ignorando que en las pasadas elecciones del 2020, se gastaron más de 9 mil millones de pesos.

El presidente de la JCE, el siempre prudente y reflexivo Román Jáquez Liranzo ha señalado y con razón, que las elecciones del 2024 deben financiarse con el presupuesto del 2023. Es cuando se requieren más recursos para el montaje de la principal fiesta democrática del país.

El doctor Román Jáquez Liranzo, presidente del pleno de la Junta Central Electoral (JCE)

Desde el gobierno no se debe someter ahora a presiones a la Junta Central Electoral, una etapa superada, característica de regímenes que pretendían doblegar al organismo comicial para suplantar la voluntad popular.

El presidente Abinader debe ser el principal guardián de la democracia dominicana, por lo que no dudamos que la inobservancia de los responsables de elaborar el proyecto de Presupuesto para el 2023 sea enmendada por el jefe del Poder Ejecutivo o en la «Casa de la Democracia» como se denomina el Congreso Nacional.

Si ponemos a la Junta Central Electoral a mendigar los recursos que precisa para unos comicios creíbles, luego no podemos quejarnos de unos resultados cuestionados, lo que constituye una seria amenaza para la paz social, tan necesaria para garantizar el clima para las inversiones que demanda el país para su desarrollo.

La ingobernabilidad ahuyenta capitales y el fortalecimiento democrático hace robustas sus instituciones y todo comienza y termina con procesos electorales que tengan como común denominador la transparencia, compromiso enarbolado por el pleno de la Junta Central Electoral y reiterado por su presidente, Román Jáquez Liranzo, quien ha dado muestras fehacientes de confianza para cumplir con ese sagrado compromiso, en momentos en que recorre por América Latina el fenómeno del cuestionamiento a los regímenes democráticos.

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