La justicia sigue encubriendo imputados por la tragedia del Jet Set
Marginan querellantes en audiencia Cámara de Consejo

El manto de impunidad por la tragedia del Jet Set sigue extendiéndose en un acto deliberado que parece que tiene la finalidad de evitar sanciones contra los posibles responsables por ese desastre que se ha demostrado que pudo evitarse si los propietarios de la discoteca hubiesen acatado las alertas emitidas por los empleados que veían caer parte del techo la noche de la fiesta con el merenguero Rubby Pérez.
Ahora la tercera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, reunida en Cámara de Consejo, donde no hubo participación de las víctimas, se rechazó imponer prisión preventiva o arresto domicialiario contra la madre de Antonio Espaillat.
En esa audiencia solo participaron el ministerio público y la defensa de los imputados, Antonio y Maribel Espaillat.
La Cámara de Consejo fue presidida por Nancy Joaquín Guzmán e integrado por July Tamaríz Núñez y Mariana Daneira García Castillo, quienes desestimaron varios recursos de apelación presentados por los familiares de las víctimas constituidos en actor civil, que buscaba que se le impusiera medida de coerción a Ana Grecia López.
La Corte rechazó el pedido de los querellantes de imponer prisión preventiva o arresto domiciliario a López, alegando que no fue individualizada como imputada por el Ministerio Público en la solicitud original de la medida de coerción depositada ante el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Resalta que en un caso de acción pública, es el Ministerio Público quien tiene la facultad exclusiva de dirigir la investigación e individualizar a los imputados y que por tanto, la querella de la parte civil no podía obligar al Tribunal a decidir sobre una persona que no había sido formalmente acusada por el órgano persecutor.
Señala que al ser el juzgado de Atención Permanente, apoderado para conocer de una medida de coerción en contra de los hermanos Espaillat, únicamente sobre estos la Corte estaba facultada a decidir y que incorporar al proceso personas distintas a las individualizadas por el Ministerio Público no es facultad de los querellantes.
Reiteraron que se trata de un caso de acción pública cuya investigación y posterior acusación le compete al Ministerio Público; por vía de consecuencia, al no haberse observado el vicio argüido por los antes mencionados apelantes, se desestima el pedimento realizado por éstos.
Los querellantes constituidos en actor civil habían solicitado al tribunal la imposición de prisión preventiva en contra de Ana Grecia López, debido a que ésta al ser también propietaria de la compañía EYL propiedad de Jet Set, posee responsabilidad en el hecho.
Asimismo, el tribunal de alzada rechazó imponer a los propietarios de la discoteca Jet Set múltiples medidas de coerción reales, como hipotecas provisionales y medidas conservatorias, con las cuales los querellantes buscaban proteger el crédito futuro que desean obtener en provecho de las víctimas afectadas.

