La Procuraduría justifica allanamiento yate Flyng Fox

La Procuraduría General de la República justificó su incursión en el yate Flyng Fox en la mira de las autoridades norteamericanas.

Antes de estallar el escándalo con el lujoso yate de oligarca ruso, requerido por Estados Unidos, un alto funcionario del gobierno fue observado visitando la embarcación.

Argumenta  los acuerdos que ha suscrito con los Estados Unidos para allanar  el yate Flying Fox, propiedad del magnate ruso Dmitry Kamenshchik, que está anclado en el puerto Don Diego de Santo Domingo desde hace casi dos semanas.

En un comunicado, el Ministerio Público informa que procedió a practicar un allanamiento a la embarcación como parte de una investigación sobre lavado de activos y tráfico de armas que lleva a cabo los Estados Unidos en contra de varios objetivos supuestamente dedicados a estos ilícitos.

Tras el operativo, el Ministerio Público indicó que la requisa se realizó bajo la autorización no. 0094-Marzo-2022, dictada en la tarde del pasado jueves por la jueza coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero.
Explicación dio el Ministerio Público

“El Ministerio Público realizó la solicitud en virtud de una cooperación jurídica formal que realizó Estados Unidos de Norteamérica, en virtud de los acuerdos internacionales de lucha contra la criminalidad y el delito, suscritos por República Dominicana”, explicó.

Precisó que la orden recoge que el Ministerio Público solicita practicar la requisa debido a que Estados Unidos tiene abierta una investigación en contra de varios objetivos dedicados al lavado de activos a escala internacional.

Hasta ayer, las autoridades no habían explicado la razón de la retención del yate, a pesar de que se había preguntado.

El artículo 155 del Código Procesal Penal establece cómo se realiza la cooperación judicial internacional. La normativa precisa que los jueces y el Ministerio Público deben brindar la máxima cooperación a las solicitudes de las autoridades extranjeras, siempre que sean formuladas conforme a lo previsto en los tratados internacionales.

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