Las alarmantes exenciones fiscales que laceran finanzas públicas en RD

En momentos en que el gobierno plantea una reforma fiscal ha salido a relucir una investigación que revela que el Estado dejó de recaudar 383 mil 566 millones de pesos, solo el año pasado (2025).

Peo el estudio  va más lejos y se sitúa en el 2008 y calcula que hasta el 2025, lo que dejó de percibir el Estado dominicano ascendió a un billón 295 millones de pesos, según la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

La investigación fue elaborada por  Francisco Tavárez Vásquez y Matías Bosch Cacuro, quienes dicen que esos  recursos se convirtieron en beneficios impositivos para el sector privado de zonas francas, generadores eléctricos, turismo y contratistas del Estado, sin evaluación de resultados ni análisis de costo-beneficio actualizados.

Así las cosas, apunta el informe, el Estado deja de obtener los medios para financiar y garantizar derechos sociales y servicios básicos para el bienestar general, y se incrementan la pobreza y la desigualdad.

Mientras se tapa el hoyo de ingresos faltantes privatizando actividades, no aplicando la indexación al impuesto al salario, cargando el impuesto al consumo de bienes y servicios (como ITBIS y otros) y una deuda del Gobierno que ya ronda el 47% del PIB.

Precisa que esta situación beneficia exclusivamente a una minoría que no necesita del Estado y de una distribución justa de los impuestos y recursos, dado que en República Dominicana el 10% más rico se beneficia del 59.5% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 1% más rico disfruta del 24.9%, lo cual es 6 veces más que la mitad de la población, que solo accede al 4.6% de la riqueza.

La solución de una reforma fiscal integral y justa se hace urgente, orientada a recaudar según la riqueza y capacidad de pago de cada quien, liberar de impuestos a los salarios y bienes y servicios indispensables, y disminuir la carga de una deuda creciente que privatiza el país y solo beneficia a la industria, bancos y Administradora de Fondos de Pensiones.

Explica que el gasto tributario es el ingreso por impuestos que el Estado deja de obtener. Para el periodo 2008 a 2025 se ha situado en promedio en 5.3% del PIB.

Indica que solo en 2025, el sacrificio fiscal estimado ascendió a RD$383,566 millones, monto que supera el presupuesto asignado de 10 ministerios para 2026 y supera la inversión de capital presupuestada para 2026 en RD$215,284.7 millones (2.5% del PIB). Estima que con ingresos tan bajos, la presión tributaria ronda 14–15% del PIB, muy por debajo de la meta 21.5% de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 para 2026 y del promedio regional (23.5%).

Con esa capacidad fiscal, es imposible financiar bienestar y derechos y cerrar una brecha de desigualdad que tiene el 50% de la población dominicana de menores ingresos llegando a apenas el 4.6% de la riqueza, mientras el 10% más alto se beneficia del 59.5% y el 1% de más arriba en la sociedad disfruta del 24.9%…Esto es ¡6 veces más que la mitad de la población!

Mientras la ciudadanía en general soporta altos impuestos al consumo y sobre sus ingresos por trabajo, el 40% del gasto tributario al sector privado beneficia a zonas francas, 21% a exenciones de combustibles de generadores, 8% a turismo; 5 % a suplidores/constructoras del Estado. Lo peor afirma, es que esos beneficios persisten sin “fecha de vencimiento” ni evaluaciones.

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