Los negocios que se desprenden de la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional

La nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional introduce una serie de cambios, pero también «avances» que no son más que negocios encubiertos sobre la base del presupuesto de una institución que maneja más de 30 mil efectivos.
Uno de esos negocios tendría que ver con las cámaras corporales. Los agentes policiales tendrán que usar de manera obligatoria la cámara corporal, que deberá estar encendida durante los operativos.
Esto es parte de lo contemplado en la nueva ley orgánica de la Policía Nacional que este viernes 10 de julio deberá ser conocida en segunda lectura por los senadores.
El agente que violente esta disposición incurriría en una falta disciplinaria grave.
Esto implicará la compra masiva de cámaras corporales, un negocio que de seguro manejará el fideicomiso que se ha establecido para manejar el presupuesto de la Policía Nacional, que se ha destinado hasta el momento al nuevo uniforme y la masiva compra de vehículos con énfasis en un distribuidor particular.
A raiz del proceso de reforma policial, se han incorporado una serie de empresarios y representantes de instituciones financieras que han visto en esta iniciativa para «mejorar la institución del orden», una oportunidad para realizar negocios.
Además, en la nueva ley se reconoce el derecho del ciudadano a grabar el procedimiento o la requisa en todo momento y se prohíbe que cualquier registro policial se base en estereotipos relacionados con la raza, la apariencia o la identidad de género.
La estructura jerárquica de la Policía Nacional experimentará un cambio histórico, si el proyecto es aprobado definitivamente por el Congreso, con la modificación de los artículos relativos al escalafón.
En el proyecto depositado en diciembre por el Poder Ejecutivo, el rango de «raso» seguía existiendo como el nivel de ingreso más bajo dentro de la escala básica de la institución. Sin embargo, con la modificación aprobada, el artículo 326 dispone la eliminación del ingreso de nuevos rasos, lo que significa que ya no se reclutarán aspirantes bajo esa denominación.
A partir de la entrada en vigor de la ley, los estudiantes que completen su formación ingresarán directamente con el rango de agente patrullero. En cuanto a quienes ya se encuentran en servicio, el proyecto establece que los rasos con menos de cuatro años de antigüedad serán homologados automáticamente a la categoría de agentes patrulleros.
La reforma también busca poner fin al uso irregular de agentes para fines particulares o privados, al endurecer las consecuencias para los superiores responsables.
El proyecto original ya prohibía la práctica habitual de asignar agentes a la prestación de servicios para personas o empresas privadas, pero no establecía sanciones penales directas para la autoridad que impartiera esa orden.
Sin embargo, con la modificación aprobada por los senadores, se mantiene la prohibición estricta contenida en el artículo 145 y se añade que cualquier autoridad que ordene o mantenga a personal policial en funciones ajenas a la seguridad pública enfrentará no solo sanciones disciplinarias, sino también investigaciones de carácter penal.
Con esta disposición, la pieza legislativa busca garantizar que los agentes estén exclusivamente al servicio de la seguridad ciudadana en los barrios y no dedicados a la custodia de intereses particulares.


Esto implicará la compra masiva de cámaras corporales, un negocio que de seguro manejará el fideicomiso que se ha establecido para manejar el presupuesto de la Policía Nacional, que se ha destinado hasta el momento al nuevo uniforme y la masiva compra de vehículos con énfasis en un distribuidor particular.