Congreso Nacional se hace de la vista gorda ante ejecuciones policiales
En el Congreso Nacional siguen dejando pasar por alto las ejecuciones policiales que han dejado decenas de muertes, en su gran mayoría jóvenes, en algunos casos con legisladores justificando los alegados «intercambios de disparos» y no preocuparse siquiera por citar para demandar explicaciones a la ministra de Interior y al jefe de la Policía.
Los congresistas han decidido mirar hacia el otro lado cuando madres lloran la muerte de sus hijos, algunos durmiendo junto a sus hijos.
Como parte de esa desidia, el Congreso dejó vencer los plazos de dos iniciativas legislativas que buscaban llevar a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y al director de la Policía Nacional, Ernesto Rafael Rodríguez García, ante los legisladores para que ofrecieran explicaciones sobre estos hechos, sin que ninguna de las dos cámaras llegara a conocerlas.
Hasta la fecha, al menos 116 ciudadanos, desde septiembre a noviembre de este 2026, han muerto en lo que la Policía denomina intercambios de disparos, sin que ninguna autoridad judicial haya esclarecido los fallecimientos.
El último proyecto que reposa en el Senado es autoría del legislador Antonio Taveras Guzmán, quien depositó una iniciativa de resolución.
La resolución del senador independiente señala que la invitación busca conocer los criterios jurídicos, técnicos y operativos que regulan el uso de la fuerza letal, así como los procedimientos que se aplican cuando una intervención policial provoca la muerte de una persona.
También busca profundizar sobre los mecanismos independientes de investigación y verificación utilizados para corroborar y contrastar las versiones ofrecidas por los agentes involucrados en intervenciones que terminan con fallecimientos.
Pero el propósito principal de la comparecencia es que los funcionarios ofrezcan explicaciones sobre las muertes ocasionadas por agentes policiales, los protocolos para el uso de la fuerza letal y los mecanismos institucionales de investigación y control.
La falta de avance legislativo también alcanzó una segunda iniciativa, esta vez presentada por 34 diputados de la oposición, que buscaba convocar a la ministra Faride Raful y al director general de la Policía Nacional ante la Cámara de Diputados para que rindieran cuentas sobre los operativos policiales y las denuncias de presuntos abusos de autoridad.
La resolución planteaba que agentes policiales habrían intervenido arbitrariamente en establecimientos comerciales bajo el alegato de operar fuera del horario permitido, sin contar con fundamento legal para hacerlo.
También cuestionaba que la Policía realizara actuaciones relacionadas con la contaminación sonora sin tener competencia para regular esa materia.
Los diputados advertían, además, sobre denuncias de disparos contra viviendas, vehículos, negocios y civiles desarmados, por lo que consideraban necesario que ambos funcionarios explicaran las bases jurídicas, técnicas y operativas de esos procedimientos y las medidas adoptadas para garantizar el respeto a los derechos fundamentales.