No pasó el candidato del Palacio, escogen al juez Justiniano Montero nuevo presidente SCJ
Terminó la incertidumbre en torno al nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y no se escogió, como se esperaba, al candidato que se le atribuía la bendición del Palacio Nacional.
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) designó este lunes al magistrado Justiniano Montero Montero como nuevo presidente de la Suprema.
La decisión sorprendió a quienes esperaba y habían presionado la escogencia del jurista Fernando Langa como nuevo titular de la Suprema Corte, de quien se decía que tenía la bendición del Palacio Nacional.
Es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Su formación académica incluye una maestría en Sociedad Democrática, Estado y Derecho, por la Universidad del País Vasco; otra en Derecho Administrativo y Gestión Municipal, por la Universidad de Castilla-La Mancha; y una tercera en Derecho Constitucional y Justicia Constitucional.
También cursó una especialidad en Derecho Judicial en la Escuela Nacional de la Judicatura y otra en Relaciones Internacionales en la Universidad del País Vasco.
Montero Montero ingresó a la judicatura en 1998 y fue incorporado a la carrera judicial en 2001. En 2014 fue designado director general de Administración y Carrera Judicial interino, mientras que en abril de 2018 regresó a sus funciones jurisdiccionales como juez presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
En abril de 2019 fue seleccionado como juez de la Suprema Corte de Justicia, donde posteriormente asumió la presidencia de la Primera Sala, especializada en materia Civil y Comercial.
Dentro de sus responsabilidades institucionales figura su participación en la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (CIEJ), en representación de la República Dominicana, así como su labor como redactor de dictámenes de ese organismo.
También forma parte del Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial y ha tenido responsabilidades en iniciativas dirigidas a la modernización de los servicios judiciales.
Entre estas se encuentra su participación en el proceso de implementación de la Ley núm. 339-22, que regula el uso de medios digitales en el Poder Judicial, normativa orientada a facilitar la tramitación de los procesos mediante herramientas tecnológicas.
A su trayectoria judicial se suma la docencia universitaria, actividad que ha desarrollado durante más de dos décadas, principalmente en las áreas de Derecho Civil y Comercial.