Para el gobierno sentencias Tribunal Constitucional son un simple pedazo de papel

El gobierno sigue encabezando el listado de los que no acatan las sentencias del Tribunal Constitucional enviando una señal que debilita el estado de derecho y promoviendo esa cultura del incumplimiento en otros sectores de la sociedad dominicana.
Para ministros del Gobierno, las sentencias del TC son letra muerta, trozos de papel que lanzan al zafacón.
El mal ejemplo se origina a las más altas alturas del poder con una Presidencia de la República que desacata las disposiciones inapelables del Tribunal Constitucional, seguido por la procuraduría general de la República, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
A esta lista, se suman los Ministerios de Interior y Policía; Educación; Hacienda; Salud Pública; Obras Públicas; las direcciones de Prisiones; Impuestos Internos, Aduanas; la Armada de República Dominicana y el Instituto Agrario Dominicano (IAD) instituciones públicas que han desacatado sentencias del Tribunal Constitucional, de acuerdo a la publicación que hizo el tribunal en su página web, en la presidencia de Milton Ray Guevarra.
También han desobedecido dictámenes del alto tribunal los Ministerios de Relaciones Exteriores; Medio Ambiente y Recursos Naturales; el Ejército de la República Dominicana; la Tesorería de la Seguridad Social; el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente; las Direcciones de Migración y Embellecimiento, así como las alcaldías del Distrito Nacional, de Santiago, Santo Domingo Este, Pedro Brand, Sosúa, San Juan de la Maguana, de Esperanza y el Consejo de la Hidroeléctrica de Toros están en la lista de los que han infringido las disposiciones del Tribunal Constitucional.
Pero el galardón de los desacatos se los lleva la institución que está llamada a preservar el orden: La Policía Nacional.
El caso más reciente es el de la Sentencia TC/0736/26, dictada el viernes 7 de agosto de 2026, mediante la cual el TC ordenó a la institución policial pagar RD$2,845,000.00 a Dulce María Lora Solís, viuda del General de Brigada (r) José Antonio Feliciano Castillo.
La cifra corresponde al concepto de astreinte (sanción conminatoria) generada ante el incumplimiento persistente de una sentencia de 2022 que ordenaba reconocer el ascenso del oficial y pagar el diferencial retroactivo de su pensión.
Se trata de la segunda vez que el TC liquida una astreinte en este mismo expediente, ya que en junio de 2025, mediante la sentencia TC/0364/25, el tribunal ya había fijado en RD$3,610,000.00 el monto adeudado por la Policía Nacional en ese mismo caso, sin que la institución diera cumplimiento íntegro a lo ordenado.
Este expediente no es un hecho aislado, un balance elaborado por el propio Tribunal Constitucional en marzo de 2025 identificó 24 veredictos desacatados por la Policía Nacional, lo que la posiciona como la entidad estatal con el mayor número de sentencias incumplidas ante esa alta corte.
El mal ejemplo se origina a las más altas alturas del poder con una Presidencia de la República que desacata las disposiciones inapelables del Tribunal Constitucional, seguido por la procuraduría general de la República, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
