Piden 10 años cárcel acusados borrar antecedentes penales en Procuraduría

Eslte jueves podrían recibir condena los funcionarios de la Procuraduría General de la República que mandaron para la calle a decenas de criminales a quienes le retiraban las fichas de antecedentes penales.

Los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por Keyla Pérez Santana, Elías Santini y Arisleyda Santana, se reservaron para este jueves 28 de agosto el fallo del juicio seguido contra los implicados en la red que operaba en la Procuraduría General que se dedicaba a eliminar antecedentes penales de delincuentes y personas privadas de libertad a cambio de sobornos.

Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó que varios de los imputados sean condenados a 10 años de prisión y al pago de 100 salarios mínimos del sector público.

Son ellos Pilar Yrenes Medina Trinidad de Dotel, Dilcia Argentina Núñez Santos, José Ramón Quezada Carmona, Víctor Gilberto Mercedes Gómez, Yokaira Elizabeth Carmona, Romanqui Alexander Dotel Medina.

Mientras que para Luis Peña Cedeño se solicitó la inhabilitación para ocupar funciones públicas por un período de cinco años.

Respecto a Mártires Rosario Reyes, el órgano acusador pidió una condena de siete años de prisión, de los cuales tres años y seis meses sean cumplidos en prisión domiciliaria y tres años y seis meses sean suspendidos, conforme a lo establecido en el artículo 41 del Código Procesal Penal (CPP).

Para Alfredo Mirambeaux, el Ministerio Público solicitó ocho años de prisión, con seis años en prisión domiciliaria y dos años suspendidos, además del pago de cinco salarios mínimos.

En el caso de Rubén Darío Morbán, se pidió una condena de seis años de prisión, tres de ellos en prisión domiciliaria y tres suspendidos bajo el mismo artículo, así como una multa de cinco salarios mínimos.

Para Luis Alfredo Astacio Polanco, el MP pidió una condena de seis años de prisión, con tres años en prisión domiciliaria y tres suspendidos, además del pago de cinco salarios mínimos. Estos últimos acusados llegaron a acuerdos con el Ministerio Público y admitieron los hechos ante el tribunal.

También se requirió el decomiso de todas las evidencias materiales presentadas durante el proceso, por haber sido utilizadas como instrumentos, efectos o productos del delito, conforme a la legislación penal y procesal vigente.

En cuanto a las acusadas Jancely Estala Arias López, Ashley Darleni Morbán Reyes y Laudelina Esther Reyes Silva, el Ministerio Público solicitó la aplicación de un criterio de oportunidad, según el artículo 370, numeral 6 del CPP, argumentando que el proceso corresponde a un caso de tramitación compleja y criminalidad organizada.

La empresa Nexcon Tecnology también enfrenta cargos por violaciones a los artículos 3 (numerales 1, 2 y 3), 4, 8 y 9 (numerales 1, 2 y 4) de la Ley 155-17, en perjuicio del Estado dominicano.

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