¿Por dónde le entra el agua al coco?
Dónde, que no sea en República Dominicana, el encargado de la seguridad de un ministro no cobra -y bien por lo que hace- o sea, que lo ejerce de manera honorífica, para poder cumplir con eficacia, la delicada función puesta sobre sus hombros.
El país, menos la Procuradora General de la República, se ha llenado de asombro al enterarse que el encargado de la seguridad del malogrado ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, desempañaba esa y dos funciones más de manera honorífica.
Debido a esto, el general responsable de tan delicadas funciones, no se hallaba en la escena del crimen, y por eso no pudo actuar con la energía que demandaba poner en su lugar al asesino de Jorge Mera.
Lo preocupante es saber que así como lo informó con actitud hasta bonachona el general… hay decenas de funcionarios públicos nombrados de manera honorífica.
Recientemente escuché al director del COE Juan Manuel Méndez decir a modo de chanza que necesitaba un empleo, porque adicional a su trabajo como director del COE, donde no recibe paga, había sido designado como encargado honorífico de las Emergencias Médicas.
No sólo se recarga de responsabilidades al eficiente funcionario, sino que se le quitan funciones al personal del 911, entidad mandada al ostracismo por intereses políticos, pero por mandato constitucional con un presupuesto económico para cubrir gastos en logística y personal especializado.
El horripilante crimen de Jorge Mera me lleva a preguntar, por qué los Ministerios de Trabajo, de Administración Pública, o la Dirección de Compras y Contrataciones, también Ética Pública y cientos de ONG´s, Procuraduría, que tanto fastidian con la transparencia no hacen un levantamiento con las decenas de funcionarios públicos nombrados de manera honorífica, en dos y tres funciones importantes a las cuales no asisten, dando lugar a descuidos y ausentismos, como el que probablemente le costó la vida al ministro de Medio Ambiente.
Yo estoy seguro de que si se hiciera una investigación seria y desapasionada del alto número de asesores y encargados departamentales honoríficos, encontrarían serios actos de corrupción, porque alguien cobra por cubrir esas tareas, aunque sea de manera deficitaria, y falta de profesionalidad.
Lo real es que cuando se revisan muchas de esas designaciones, se encuentra uno con que responden a allegados política, económica o familiarmente con autoridades del gobierno.
De seguro que la politiquería es un factor determinante para que se nombre a militares o funcionarios en dos o tres asesorías, “sin salarios”, en vez de emplear, debidamente remunerados a especialistas sin miramientos políticos.
Por supuesto que mueve a preguntar, no a Juan Manuel Méndez, quien recibe una pensión como general del Ejército, de dónde saca para mantener a su familia una persona que desarrolla su labor sin recibir pago alguno, o como expresa el pueblo ¿”por dónde le entra el agua al coco”?.
Trabajar sin cobrar no sucedía ni siquiera en la época de la esclavitud, cuando el amo era responsable de la alimentación, casa y otras necesidades de su esclavo a quien a lo largo del tiempo le daba su apellido y lo consideraba como parte de su familia.
Ojalá que la procuradora Miriam Germán, en vez de darle boches a los periodistas, aprecie que estamos en la época en donde imperan las instituciones, aunque maltrechas, y que al ciudadano se le pide cuentas, y que hay una veeduría popular que realiza auditorías visuales a cada individuo de la sociedad, y más si se trata funcionarios públicos.