Senadores siguen patinando con reforma Código Penal

La reforma del Código Penal sigue enfrentando dificultades y tras una accidentada sesión este viernes, el Senado dejó sobre la mesa el proyecto con una nueva propuesta que contempla hasta 40 años de prisión para delitos considerados de extrema gravedad como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, la desaparición forzada y las infracciones muy graves de guerra.

En medio de la sesión el presidente del Senado, Ricardo de los Santos y el senador por la provincia de Santo Domingo escenificaron un acalorado debate por las recomendaciones de los técnicos que para este último no pueden imponerse por encima de las posiciones de los congresistas.

El proyecto incluye 124 modificaciones al texto aprobado en primera lectura, con cambios sustanciales que endurecen sanciones, tipifican nuevos delitos y refuerzan la protección de derechos fundamentales.
Entre los artículos modificados destacan el 86, 87, 88 y 89, que abordan crímenes que involucran violencia sistemática contra la población civil, actos de exterminio y abusos cometidos por agentes del Estado o en contextos de conflicto armado.

En el caso de los crímenes de lesa humanidad, la reforma propone penas de 30 a 40 años de prisión mayor y multas de hasta mil salarios mínimos del sector público. Del mismo modo, el artículo sobre genocidio establece las mismas sanciones para quienes intenten destruir, total o parcialmente, a grupos nacionales, étnicos, religiosos o de personas con discapacidad.

Respecto a la desaparición forzada, se establece una pena de 20 a 30 años de prisión, con agravantes de hasta 40 años si la víctima es un menor de edad, mujer embarazada, persona con discapacidad, adulto mayor, periodista, activista o funcionario público. Estos cambios reflejan un compromiso más firme del Estado con el respeto a los derechos humanos y la lucha contra la impunidad.

La propuesta también refuerza las penas por homicidio y homicidio agravado, violencia de género y cooperación al suicidio, y establece nuevas disposiciones sobre el seguimiento sociojudicial de agresores sexuales, incluyendo su inhabilitación para trabajar con menores y su registro en una base de datos supervisada por el Ministerio Público.

Según el senador Cristóbal Venerado, quien presentó las modificaciones, la intención es adecuar el Código Penal a la realidad social dominicana y responder con mayor contundencia a los delitos que más afectan a la ciudadanía.

Aunque la votación del proyecto fue pospuesta, el debate marca un hito en la discusión jurídica del país. La propuesta continúa en estudio, y su eventual aprobación significaría una transformación profunda en el sistema penal dominicano, dotándolo de herramientas más eficaces para enfrentar la criminalidad y proteger los derechos fundamentales.

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