Ex juez de Higüey bailando en el expediente narcotráfico Operación Rompeolas

Otro ejemplo de que la justicia también está permeada por el narcotráfico.

Un juez que fue destituido en medio de un proceso por faltas graves en el ejercicio de sus funciones, no enderezó en el camino y ha quedado atrapado en una operación en la que se ha desmantelado una red de narcotráfico y lavado que operaba en la Región Este.

Se trata del ex magistrado Teodoro Castillo (Adriano), señalado como una pieza importante en el equipo de asesores jurídicos utilizados por la organización criminal desmantelada en la Operación Rompeolas, para ocultar bienes, simular negocios inmobiliarios y dar apariencia legal a una fortuna producto del tráfico internacional de cocaína.

Castillo fue Juez de Instrucción de Higüey hasta abril del 2005 cuando fue separado de sus funciones por la Suprema Corte de Justicia tras una investigación.

De acuerdo con la acusación, el exmagistrado no intervenía directamente en el transporte de los cargamentos, sino en la utilización de instrumentos legales para ocultar a los verdaderos propietarios de bienes adquiridos con recursos supuestamente provenientes del narcotráfico.

Castillo ingresó al Poder Judicial el 2 de julio de 1998 y permaneció en esa institución hasta el 20 de abril de 2005, cuando fue destituido mediante la sentencia disciplinaria número 11 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia.

Según la solicitud de medida de coerción, la destitución del ex juez estuvo relacionada con el manejo irregular de expedientes por narcotráfico y lavado de activos, incluyendo decisiones de no ha lugar en dos procesos que involucraban a seis extranjeros.

Entre los nombres mencionados en el documento aparecen Leone Ghhirardato, Seddik Abdemadek y Thomas Ninhaus, vinculados a procesos de narcotráfico, así como Dragoslav Yllic, Tony y Dejean Trisic, relacionados con lavado de dinero.

La Procuraduría Especializada Antidrogas incorporó como elementos probatorios tanto una certificación del Consejo del Poder Judicial, expedida el 19 de noviembre de 2026, como la sentencia disciplinaria que dispuso la destitución.

Después de su salida del Poder Judicial, Castillo continuó ejerciendo como abogado y notario, funciones desde las cuales, según los investigadores, terminó prestando servicios a la organización que habrían dirigido los hermanos Fausto y Yovani Candelario.

La acusación sostiene que su participación habría incluido la preparación de documentos, contratos de préstamos, hipotecas presuntamente simuladas y operaciones inmobiliarias mediante las cuales bienes pertenecientes a los dirigentes de la organización eran registrados a nombre de terceros.

Los fiscales le atribuyen también la elaboración de mecanismos jurídicos destinados a impedir que los prestanombres pudieran disponer libremente de las propiedades que figuraban a su nombre.

De esa manera, según el expediente, la organización habría conseguido mantener el control real de los bienes sin que sus principales dirigentes aparecieran necesariamente como propietarios ante los registros oficiales.

El Ministerio Público considera que esa función convertía al exjuez en un facilitador profesional del presunto lavado de activos, una actividad que requería conocimientos legales para estructurar y documentar las operaciones patrimoniales.

La investigación también incorpora documentos que lo vinculan directamente con operaciones patrimoniales de Fausto Candelario Ortiz.

Durante uno de los allanamientos realizados el 19 de noviembre de 2026, las autoridades encontraron en una caja fuerte varios contratos de compraventa de inmuebles suscritos ante el exjuez, en su condición de notario público de Higüey.

Entre ellos figuran dos operaciones entre la compañía Agropecuaria MIYU, C. por A., y Fausto Candelario Ortiz: una fechada el 8 de enero de 2024, por US$72,000, y otra del 20 de febrero de 2025, por US$358,956.

Ambos contratos representan operaciones por US$430,956, aunque la existencia de esas transacciones no demuestra por sí sola que los recursos utilizados fueran ilícitos.El expediente menciona, además, documentos legalizados por Castillo relacionado con propiedades y actividades de Inversiones Candelario & Del Rosario Negocios Diversos, empresa que los fiscales identifican como uno de los principales instrumentos utilizados para movilizar y administrar recursos de la organización. También intervenía en propiedades vinculadas a un regidor

La acusación atribuye al exjuez participación en gestiones relacionadas con bienes que presuntamente beneficiarían a Willy Manuel Zorrilla Domínguez, alias Willy Pachá, regidor de Higüey señalado como antiguo chofer y hombre de confianza de Fausto Candelario Ortiz.

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