Red narcotráfico Higüey financiaba políticos y sobornaba marinos

Un aspecto de la Operación Rompeolas mediante la cual se ha desmantelado un poderoso entramado de narcotráfico y lavado de dinero que tenía como centro financiero Higüey y operativo las costas de Miches, es el relacionado con el financiamiento de campañas electorales y la corrupción mediante sobornos a autoridades navales para hacerse de la vista gorda ante la recepción de los cargamentos de cocaína procedente de Colombia y su despacho en lanchas rápidas hacia Puerto Rico.

Es un elemento que explica el tiempo durante el cual esa organización criminal realizó sin ser molestada sus operaciones a gran escala de tráfico de drogas que arrojaron millonarias ganancias en dólares a los responsables, en su mayoría familiares y allegados.

Hasta el momento se ha identificado entre los narco-políticos a un regidor del ayuntamiento de Higüey, con papel protagónico en la red.

Sin embargo, en la lista de los beneficiados con los sobornos aparecen otras figuras políticas de la zona, que ofrecían protección a los capos.

Y para operar por las costas de Higüey, Miches hasta donde llevaban hasta en caballos la mercancía escondida en fincas y hasta en galleras, contaban con la colaboración de miembros de la Armada Dominicana.

Oficiales navales y de distintos rangos recibían pagos para facilitar información sobre operativos de las autoridades, sin que hasta el momento se conozcan las consecuencias de esa deslealtad.

Según el expediente elaborado por el Ministerio Público Fausto Candelario Ortiz utilizaba recursos procedentes del narcotráfico para financiar campañas electorales, establecer relaciones con dirigentes políticos y procurar protección para sus operaciones.

La acusación menciona vínculos directos e indirectos con diputados, regidores y otros actores de poder, aunque no ofrece mayores detalles, salvo en el caso del imputado Willy Manuel Zorrilla Domínguez, regidor de Higüey y antiguo miembro de la Policía Nacional.

Según los fiscales, Zorrilla había trabajado como chofer y responsable de seguridad de Fausto Candelario Ortiz. También habría participado en el transporte de importantes sumas de dinero en efectivo provenientes de las operaciones de narcotráfico.

La relación entre ambos era tan estrecha que, de acuerdo con las comunicaciones citadas en el expediente, Fausto se refería a Zorrilla como su hijastro, mientras este lo identificaba como su padre. Cuando Zorrilla comenzó sus actividades políticas, habría recibido el respaldo económico y operativo de la organización.

El documento sostiene que integrantes de la estructura participaron en la búsqueda de votos y distribución de dinero para favorecer su elección como regidor. Una vez alcanzado el cargo, según los investigadores, Zorrilla habría adoptado un perfil más discreto dentro de la organización. 

Los fiscales sostienen que parte del dinero presuntamente obtenido mediante el narcotráfico era utilizado también el patrocinio de artistas para actividades proselitistas.

El Ministerio Público señala inversiones en discotecas y establecimientos nocturnos, entre ellos Mamajuana Café, así como en restaurantes y otros negocios que manejaban importantes cantidades de efectivo.

La hipótesis de los investigadores es que esos establecimientos podían servir para introducir recursos ilícitos en la economía formal mediante operaciones comerciales que dificultaran distinguir los ingresos legítimos de los presuntamente procedentes del narcotráfico.

La investigación menciona, además, grandes gastos relacionados con peleas de gallos, actividad en la que los dirigentes de la organización habrían invertido sumas considerables.

Los fiscales sostienen que la organización recurría al soborno de autoridades para obtener información, protección y seguridad. Uno de los señalamientos más concretos corresponde a Andis Terrero, identificado como antiguo integrante de la División de Inteligencia Naval de la Armada de República Dominicana.
Según el expediente, Terrero habría proporcionado información y asesoramiento que favorecían las actividades de la organización.

La acusación también menciona al sargento mayor Celestino Reyes Castillo, de la Armada, en una operación investigada el 16 de mayo de 2022, cuando presuntamente se preparaba el envío de 503 paquetes de cocaína y el movimiento fue suspendido por la presencia de autoridades.

Los investigadores atribuyen a ambos militares labores de protección relacionadas con ese episodio.
El documento incluye igualmente referencias a amenazas de muerte, desapariciones y otras formas de coacción que, según el Ministerio Público, formaban parte de los mecanismos de intimidación utilizados por la estructura.

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